BURUNDI....¿ OTRA RHUANDA?

Asesinado un general tutsi en un ataque con granadas en Burundi La víctima, asesor del vicepresidente, fue tiroteado cuando iba a llevar a su hija al colegio Otros 1 Guardar Enviar por correo Imprimir Gemma Parellada Barcelona - 25 ABR 2016 - 14:35 CEST Athanase Kararuza Athanase Kararuza en una imagen tomada el pasado 5 de febrero. /ISSOUF SANOGO AFP PHOTO MÁS INFORMACIÓN Burundi se precipita a su peor crisis tras la guerra civil El mediador de la ira Ruanda acusa y veta a Francia Francia, juez y parte en el genocidio de Ruanda El general burundés tutsi Athanase Kararuza ha muerto este lunes por el ataque con granadas y cohetes lanzado por un grupo de hombres armados no identificado, según han confirmado las autoridades burundesas. Kararuza y su esposa acompañaban a su hija a la escuela Saint-Esprit. Las dos han muerto también durante el ataque. El general era consejero en Seguridad y Defensa del vicepresidente de Burundi. Acababa de regresar hacía apenas unos meses al país. Después de pasar dos años en República Centroafricana, donde fue el numero dos de la MISCA (Misión Internacional de Apoyo a República Centroafricana), a finales de 2015 cambió la crisis centroafricana por la de su propio país, que acumula desde hace un año los peores ingredientes para una guerra civil desenfrenada. Coincidiendo con el incremento de la tensión, la fiscal general de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, ha anunciado esta mañana que abrirá un “examen preliminar” sobre la violencia en Burundi. Bensouda dice que tras haber recibido informes de “asesinatos, encarcelamientos, actos de tortura, violaciones y violencias sexuales” ocurridos en Burundi durante el último año, la CPI abrirá examen. Los ataque selectivos se han convertido en habituales en Bujumbura, la capital del país, y el propio presidente, Pierre Nkurunziza, apenas pasa por la capital. Rodeado siempre de militares y policías, y de un espectacular convoy de una cincuentena de vehículos, Nkurunziza se ha instalado en la segunda ciudad del país, Gitega. A un paso de la guerra Tras un año de crisis, con más de 400 muertos y 240.000 desplazados, la espiral de violencia va calando en los barrios, y, lejos de apaciguarse, la situación va carcomiendo el país. El pasado 11 de diciembre, Bujumbura amaneció con 87 cadáveres en la calles, algunos con las manos atadas y disparos en la espalda, en el peor episodio desde que empezó la crisis. La Unión Africana (UA) reaccionó entonces y anunció el envío de tropas de paz a Burundi, una misión de estabilización formada por 5.000 hombres. “África no va a permitir otro genocidio sobre su suelo”, dijo su Consejo de Paz y Seguridad en una contundente declaración, que es también una preocupante referencia al genocidio de la vecina Ruanda. Preocupado por el peligroso rumbo que está tomando Burundi, el comisario de Paz y Seguridad, Smail Chergui, advertía que “las matanzas deben cesar inmediatamente”. Pero el Gobierno burundés no autorizó el despliegue de la UA. Los parlamentarios se oponen a la intervención porque la consideran más bien una “fuerza de invasión”. Ven la intervención como una manipulación y cuestionan sus intenciones. Es precisamente el uso de la palabra “genocidio” la que irritó a la Asamblea Nacional burundesa. La crisis actual en Burundi estalló a finales de abril, cuando el presidente Pierre Nkurunziza anunció que se volvería a presentar a la reelección, no permitida por la Constitución. La oposición se lanzó a la calle y la feroz represión no ha cesado desde entonces. Empeñado en repetir, Nkurunziza mantuvo y celebró las elecciones bajo tensión en julio a pesar de la inseguridad, de las protestas y del boicot, y ahora vuelve a ocupar la presidencia. El presidente acalla cualquier rebelión con militares, policía y los llamados imbonerakure, las juventudes del partido convertidas en una especie de milicia armada. La aparición y prácticas de los imbonerakure (que significa “los que ven lejos”) activa reminiscencias del genocidio ruandés, ejecutado en buena parte por los interhamwe, que fueron también juventudes del partido al poder, convertidas en macabra maquinaria de matar. La convulsión actual en Burundi surge de un enfrentamiento político sin germen étnico, pero las fricciones, cada vez más desbocadas, se producen en un país donde las heridas históricas no han sanado aún. Las oleadas de masacres entre hutus y tutsis, como en su vecina y prima histórica Ruanda, han marcado las últimas décadas. El polémico presidente Nkurunziza, exlíder de un grupo rebelde hutu, perdió a su padre durante las matanzas étnicas de 1972. Las tensiones no han desaparecido, tanto en su territorio como en la mermada región de los Grandes Lagos de la que Burundi es pieza y parte. El país tiene como vecinos a Congo, hacia el oeste, escenario de la guerra más mortífera del planeta, y a Ruanda, por el norte, que monitoriza con autoritarismo la resaca de un genocidio de un millón de muertos. Ocurrió hace solo 21 años. Entre las tres naciones, a través de los lagos que mojan algunas de sus fronteras o de los bosques que dibujan sus límites, cruzan armas, municiones, grupos armados y también minerales que acaban en el mercado mundial. El oro, el estaño, y sobre todo, el coltán, transitan por una región tan estratégica como violentada. El coltán, uno de los minerales más valioso del mundo, es imprescindible para el funcionamiento de teléfonos móviles, ordenadores y tabletas, y es en este punto incandescente, cuna de las reservas más grandes del mundo, que nace su comercio internacional.

POLITICOS CORUPTOS ¿ CUANDO SE VA ACABAR CON ESTOS INDESEABLES ?

Viviendas en alquiler en Villaverde vendidas a un fondo buitre./ Á. GARCÍA In English Madrid sale of public housing to vulture fund was illegal, report finds La venta a un fondo buitre (el grupo Magic Real State/Blackstone) de 1.860 viviendas que el Ayuntamiento de Madrid tenía mayoritariamente alquiladas a familias con escasos recursos presenta graves irregularidades. Información privilegiada, ausencia de concurrencia y publicidad, falta de transparencia y un “quebranto” millonario para las arcas municipales constituyen solo una parte de las presuntas ilegalidades halladas por la Cámara de Cuentas de Madrid en una operación que, desde que se consumó en 2013, tiene en pie de guerra a los inquilinos con su nuevo casero, que ha desahuciado a varias decenas de familias que no han podido afrontar las nuevas condiciones impuestas. El informe, preliminar y sometido a alegaciones, elaborado por el órgano fiscalizador de las entidades públicas madrileñas y al que ha tenido acceso EL PAÍS, detalla una decena de irregularidades en la venta de estas casas por parte de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS). La operación se cerró por 128,5 millones, unos 32 millones menos de lo que, según estudios que poseía el Consistorio, valían esos inmuebles, siempre según el informe. Sin justificación fehaciente alguna, y saltándose además el procedimiento, el Ayuntamiento, gobernado entonces por la alcaldesa Ana Botella, rebajó el precio de adjudicación inicial (127,5 millones) en casi más de dos tras alegar los compradores que la morosidad en los pagos del alquiler era superior a la indicada por el municipio; y, además, en el mismo lote, le escrituró por tres millones otros 89 inmuebles (garajes, locales y trasteros) a pesar de que once de ellos se introdujeron a última hora en la operación y no figuraban en la relación de bienes pactadas inicialmente. La entonces concejal de Urbanismo, Paz Fernández, hoy retirada de la política, ha declinado pronunciarse sobre este asunto hasta que el informe sea definitivo, y eludió facilitar las alegaciones que ha presentado ante la Cámara para refutarlo. El informe de la Cámara de Cuentas describe a lo largo de 65 páginas hechos que en algunos casos pueden revestir carácter delictivo. La Cámara analiza en este informe la desinversión que hizo el Ayuntamiento en los años 2012 y 2013 al vender un total de 6.844 inmuebles que le reportaron 261,8 millones de euros. Entre ellos, las citadas 1.860 viviendas, alquiladas dentro de programas de ayuda a jóvenes sin vivienda y familias con recursos limitados). Muchos de estos inquilinos tenían contratos con la EMVS que estipulaban un derecho de opción de compra pasados siete años en unos casos y 10, en otros. Las viviendas no se podían vender La conclusión sexta del informe de la Cámara de Cuentas explica por qué, jurídicamente, no se podían vender estas promociones: La EMSV “contravino el contenido del Reglamento de Adjudicación de Viviendas de protección pública aprobado por el Ayuntamiento en 2008 y modificado el 30 de octubre de 2012, que impide la venta de viviendas de protección pública, a entidades jurídicas, que previamente no hayan quedado vacantes en los procedimientos de adjudicación previstos en el propio reglamento”. Muchos inquilinos de estas casas tenían derecho a opción de compra, pero al venderlas en bloque se les impidió ejercitarlo: “La EMSV les negó la condición de interesados en el procedimiento en contra de los establecido en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común (apartado IV.5), al que se remite, en los procedimientos de adjudicación de tales viviendas el Reglamento” municipal. Otra irregularidad que detecta la Cámara de Cuentas es que, tras comprar las casas, la EMSV no “estableció una comisión o instrumento adecuado de seguimiento y control para asegurar el cumplimiento por la compradora de las obligaciones en las que esta se ha subrogado y que exceden de las obligaciones que tienen los promotores privados de viviendas de protección pública, cuyo control corresponde a otras instituciones de la Comunidad de Madrid”. El informe revela que todas esas casas (que formaban un total de 18 promociones) se vendieron en bloque vulnerando la ley y sin darle siquiera a los arrendatarios la posibilidad de ejercer su derecho de opción de compra. El Ayuntamiento de Ana Botella justificó la decisión en la necesidad de equilibrar las cuentas de la EMVS. Pero al poco de llegar el nuevo casero, y a medida que iban expirando los contratos firmados con la EMVS, las condiciones del alquiler cambiaron al alza, con incrementos de hasta un 43%, según explica la presidenta de la Asociación de Familias Afectadas por la venta de las Viviendas de la EMVS, Arancha Mejías. “Se pasó de pagar en torno a 400 euros, dependiendo de los metros cuadrados de la casa, a unos 700. Y se elevó el precio de la comunidad. Y llegaron los desahucios: solo en la promoción de Carabanchel, una quincena”, asevera Mejías. El informe arroja conclusiones demoledoras: “Han sido los interesados en la compra [de estas viviendas], los que han fijado el precio de venta y [este] ha sido aceptado” sin más por la EMVS, subrayan los redactores del documento. En la venta de estos inmuebles, la EMVS “prescindió de las instrucciones internas de contratación” fijadas por su Consejo de Administración en 2008 y los enajenó “sin la existencia de pliegos de condiciones de la venta y sin establecimiento previo del valor del mercado del bien a enajenar”. Es decir, el precio se puso “por un acuerdo negociado entre el comprador” y la EMVS pero sin que existiesen “tasaciones previas que fijaran dichos valores” ni un “estudio o informes de viabilidad técnica y jurídica de la operación”. Y, además, saltándose las “normas de contratación e incumpliendo los criterios de racionalidad, economía y eficacia que debe presidir la gestión de los intereses públicos”. El Consejo de Administración de la EMVS aprobó el 11 de junio de 2008 las instrucciones internas que había que seguir para la compraventa de inmuebles públicos. Estas normas se incumplieron, según el informe de la Cámara de Cuentas. “La venta de las 18 promociones se ha realizado sin que haya un informe técnico de valoración en el que se cifre el valor objetivo y cierto de mercado de los elementos objetos de enajenación, aunque teniendo en cuenta las limitaciones, en cuanto al precio, por ser viviendas de protección pública. Ello puede ser indicativo, de una deficiente o mala gestión en la administración y valoración de los intereses públicos a los que la venta, en todo caso, ha de responder”, concluye el informe. La EMVS es una sociedad mercantil de titularidad municipal, con gestión privada que se rige por unos estatutos aprobados por el pleno del Ayuntamiento el 28 de febrero de 1997 y modificados luego en febrero de 2005 y noviembre de 2013. Es mercantil, pero dado su fin social y carácter público está sujeta a una normativa diferente a las empresas estrictamente privadas, destaca el informe. La Cámara de Cuentas ha instado a la exalcaldesa Ana Botella y al anterior gerente de la EMVS, Fermín Oslé, a que ofrezcan explicaciones sobre las graves irregularidades detectadas en esta macrooperación de venta de casas protegidas. Botella ha eludido contestar personalmente a la Cámara y se ha adherido a las alegaciones presentadas por los miembros de su anterior equipo de gobierno. Poco después de caer en manos de este fondo buitre las casas, los vecinos afectados acudieron a los tribunales. El asunto cayó en el Juzgado 38 de Instrucción de Madrid, que lo sobreseyó provisionalmente sin practicar las pruebas que le pedían los damnificados y con las que intentaron demostrar las irregularidades de la compraventa y sugirieron un trato de favor municipal al grupo empresarial beneficiario, vinculado societariamente con empresas para las que trabaja el hijo mayor de la exalcaldesa, José María Aznar Botella, según argumenta la presidenta de los afectados y ha denunciado la denominada Asociación Corruptil en un escrito presentado ante el juzgado 48 de Madrid, que investiga malversación de caudales en otra operación de compraventa de casas públicas del IVIMA ejecutada por la Comunidad de Madrid. Este es el primer informe oficial que se hace sobre la macrooperación de la EMVS. Este informe, sometido en la actualidad alegaciones, se refiere solo a la EMVS, aunque el Gobierno del expresidente Ignacio González también enajenó 2.935 viviendas protegidas del IVIMA, en fechas coincidentes y mediante un procedimiento similar, a otro fondo buitre, Azora-Goldman Sachs. Los afectados del IVIMA presentaron una querella que está siendo investigada por el Juzgado número 48 de Madrid, en la que ya está imputado Juan Van-Halen, exdirector general de Vivienda de Madrid, quien presentó su dimisión en el cargo que tenía en el Ministerio de Fomento al conocer que el juez le había llamado como investigado sobre este asunto. Los de la EMSV también interpusieron una querella, que fue sobreseída provisionalmente por el Juzgado 38 de la plaza de Castilla. “A la vista de los nuevos datos que recoge el informe de la Cámara de Cuentas vamos a pedir la reapertura del procedimiento en el Juzgado 38”, avanza Mejías.