MAFIA!!!!

REPÚBLICA / P. G. | 28/04/2017 'La Sexta' ha sacado a la luz una nueva grabación de una conversación entre el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y el presidente del Atlético, Enrique Cerezo, que desmonta totalmente la versión que se había dado sobre este SMS que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, envió a González para agradecer su felicitación por su nombramiento para el cargo: “Gracias Nacho. Un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos”. Los términos del mensaje dejan en evidencia una cercanía entre el ministro y el imputado solo comparable a la que rezumaba el “Luis, sé fuerte” que Mariano Rajoy envió a Luis Bárcenas cuando ya estaba acorralado por la investigación sobre la trama Gürtel. A pesar de todo, Catalá ha tratado de explicar que su deseo de que se cerraran “los líos” se refería a la convulsa situación política que vivió España durante el año 2016 (el mensaje de móvil se envió el 3 de noviembre de 2016, un día antes de que Catalá tomara posesión de la cartera de Justicia una vez superado el periodo de interinidad del Ejecutivo durante todo es año). Sin embargo, en la conversación que se ha conocido ahora González, que mantiene desde hace tiempo una buena amistad con Cerezo, le dice que ha recibido de Catalá un “mensaje encantador”, en alusión al SMS de “los líos”. Y el presidente del Atlético de Madrid añade: “Me encontré el otro día con Rafa. Me dijo lo mismo, que lo estaban mirando”. La conversación deja claro que ambos se están refiriendo a la preocupación de González por su horizonte judicial, una preocupación que arrastra desde hace años por su famoso ático / dúplex de Estepona. En ese contexto se inscribe otra charla con el empresario en la que arremete con crudeza contra la jueza que investiga ese caso: “Sí, pero es que el abogado de aquí me dice que esta es una hija de puta que va a abrir juicio oral; ¿pero cómo va a abrir juicio oral? ¿pero por qué? ¿de qué?”. A lo que Cerezo replica: “No creo que sea tan gilipollas, ni tan imbécil que abra un juicio oral, si no tiene ninguna prueba… ¿de quién es el piso? Ya lo sabe usted… investigue en Argentina, investigue en China, investigue en Rusia, la van a mandar tomar por el culo, por lista…”. González, entonces, menciona una ayuda de la Fiscalía, controlada por el PP: “Joder, ¿y el fiscal? ¿No se puede hablar con el fiscal?”. Por su parte, Cerezo le dice: “Vamos a esperar a septiembre…y, si no, habrá que ir a hablar con el fiscal y decirle, mire usted, que ya sabemos que aquí todo el mundo quiere de todo pero ya saben ustedes más de lo que tenían que saber, y estamos teniendo más paciencia de la que teníamos que tener, porque si quieren guerra, vamos a tener guerra”. Por cierto que sobre la acusación popular, que el Gobierno se ha propuesto suprimir, hay otro pasaje memorable. Se produce cuando Cerezo comenta: “Le dije (a Catalá), ¡no tenéis cojones de quitar y tal, lo van a quitar!” Y González se limita a responder: “Ya”.   La convicción de que puede influir tanto en el ministro Catalá como en la Fiscalía se pone de manifiesto en otra grabación en la que se escucha a González hablando con el exministro Eduardo Zaplana, otro gran amigo suyo. El expresidente de Madrid se lamenta de que nadie le quite de encima a un juez muy molesto que le busca las cosquillas por el caso de su ático en Estepona. A lo que Zaplana responde: “Yo no me corto de decirle a Rafa (Catalá): ¿Sabes Rafa?, el aparato del Estado y los medios de comunicación van aparte. O los tienes controlados o estás muerto”. Y es precisamente con Zaplana con quien González habla en otro momento del juez que le tiene arrinconado y que ahora le ha mandado a prisión, Eloy Velasco. “Vamos a ver Eduardo, tenemos el Gobierno, el ministerio de Justicia no sé qué y tal, y escucha, tenemos a un juez que está provisional…tú lo asciendes…yo le digo, a ver, venga usted, ¿cuál es la plaza que le toca? Onteniente, a tomar por el culo a Onteniente y aquí que venga el titular, que ya me apañaré con el titular, coño”. Las gestiones para colocar a un fiscal “bueno” Las transcripciones de nuevas escuchas realizadas por la Guardia Civil que este viernes ha revelado La Sexta incluyen otra conversación de González con el que fue vocal del Poder Judicial a propuesta del PP entre 1996 y 2001 Enrique Arnaldo Alcubilla, hoy presidente del Tribunal De Arbitraje del Deporte. En ella, también se desvelan las gestiones para intentar apartar a jueces y fiscales incómodos para el Partido Popular. En una de esas charlas, el 3 de noviembre de 2016, el mismo día en que se supo que Catalá repetiría al frente de la cartera de Justicia, Arnaldo Alcubilla asegura a González que está realizando ya gestiones para situar al frente de la Fiscalía General del Estado a “uno bueno” que sustituya a Consuelo Madrigal. En esa charla, el exvocal del CGPJ cercano al Partido Popular expresa también su felicidad por la continuidad de Rafael Catalá porque, según su tesis, ya “se conoce el tema” y no tiene que empezar desde el principio.

CORUPCION... MAS DE LO MISMO. POLITOCOS Y EMPRESAS

Un parque eólico en Valladolid. (EFE) Autor Beatriz Parera Contacta al autor @beaparera Rafael Méndez Contacta al autor mendezrafael Tags Castilla y LeónEnergía eólicaJuan Vicente HerreraPartido Popular (PP)Iberdrola RenovablesFiscalía AnticorrupciónPrevaricaciónAgencia TributariaFederico TrilloVicente Martínez Pujalte Tiempo de lectura12 min 29.04.2017 – 05:00 H. Semanas después de que el popular Juan Vicente Herrera anunciara que no repetirá como presidente en Castilla y León, la Fiscalía Anticorrupción ha irrumpido en esa comunidad. Ha presentado una querella por la llamada trama eólica contra altos cargos de la comunidad a los que acusa de cobrar comisiones millonarias durante años por la instalación de parques eólicos. La querella, a la que ha tenido acceso El Confidencial, gira en torno a Rafael Delgado (viceconsejero de Economía y secretario general de la consejería entre 2003 y 2011 y hombre fuerte del poderoso Tomás Villanueva durante 16 años en tres departamentos). Además, se dirige contra otros antiguos altos cargos como Alberto Esgueva y directivos de las empresas que construyeron los parques, como cuatro directivos de Iberdrola, los tres hermanos dueños de la constructora Collosa, una de las mayores de la comunidad, y Carlos Galdón, entre otros. En total, hay 21 personas acusadas de prevaricación, blanqueo, delito fiscal y tráfico de influencias. Las comisiones destapadas rondan los 80 millones de euros. Cuentan en el sector eléctrico que los promotores eólicos se referían a Castilla y León como "Sicilia y León". Quien no pasaba por caja no podía promover parques eólicos. Y eso que era de las más deseadas por los empresarios: tiene viento, mucha extensión y poca población. Las condiciones ideales para instalar parques eólicos. El sistema, engrasado con comisiones, dio frutos. Con 5.593 megavatios instalados, Castilla y León tiene el 24,3% de la potencia eólica de toda España. Rafael Delgado, Tomás Villanueva y Alberto Esgueva. (EFE) La querella que Anticorrupción ha presentado en Valladolid con el aval del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, llega dos años después de que la Agencia Tributaria denunciara un sistema de comisiones que cifraba en 100 millones de euros en esa comunidad, como adelantó El País entonces. Según Anticorrupción, Rafael Delgado "exigía" a los promotores que desarrollaban parques eólicos "ceder o permitir la participación de empresas locales en el proyecto bajo amenaza de no obtener la necesaria autorización, participación que exigía que fuera próxima al 40%". Los favorecidos con ese 40% eran "empresas pertenecientes a personas con las que [Delgado] tenía una especial relación". Entre estos están Alberto Esgueva, un antiguo alto cargo de la consejería de Economía que junto a su hermano creó Industrias San Cayetano y que ahora construye edificios en Varsovia; Germán José Martín Giraldo, socio de Esgueva en Polonia; y los hermanos Llorente Muñoz, dueños de una de las mayores constructoras de la comunidad, el Grupo Collosa. Collosa fue la empresa que tuvo a sueldo primero a Federico Trillo y luego a Vicente Martínez-Pujalte, un caso judicializado en Valadolid porque la entonces fiscal general, Consuelo Madrigal, decidió que no lo investigara Anticorrupción. Anticorrupción calcula que una empresa de Alberto Esgueva, un exalto cargo de la región, ganó 47 millones con el sistema de cesión establecido "Ninguno de los empresarios amigos de Rafael Delgado, con la posible excepción de los hermanos Llorente Muñoz, estaba interesado en participar activamente en el negocio eólico, como lo acredita el hecho de que su permanencia en entidades promotoras fuera temporalmente muy corta (poco más de un año) e impropia de una inversión industrial y, de otra parte, que esa permanencia no supusiera ninguna aportación empresarial en las mismas", sostiene el escrito presentado por el fiscal Tomás Herranz, que ha investigado el caso en secreto durante dos años. Para conseguir controlar la aprobación de todos los parques eólicos, en 2004 Delgado ordenó publicar una instrucción para que las autorizaciones administrativas ya no fuesen competencia de las delegaciones provinciales de la Junta sino que dependiesen de él. "La ilegalidad de esta instrucción queda resaltada en el informe de la Intervención General del Estado de 16 de enero de 2017, emitido a petición de esta fiscalía". De las 209 autorizaciones de parques eólicos en Castilla y León entre 2005 y 2015, 197 fueron resueltas por esa "avocación" a los viceconsejeros. El 71% las resolvió Rafael Delgado y el 23% su sustituta, Begoña Pérez. Esa instrucción "permitió al viceconsejero manipular la tramitación de los expedientes de parques eólicos al controlar el momento en el que se debían tramitar los expedientes para otorgar las autorizaciones, con independencia de que los mismos cumpliesen o no los requisitos para obtener la autorización administrativa". La querella de la fiscalía no alcanza a Tomás Villanueva, todopoderoso hombre de los gobiernos de Juan Vicente Herrera -ocupó consejerías entre 1995 y 2005 y llegó a ser vicepresidente-. "En este momento se desconoce si cada autorización avocada por el viceconsejero ha sido puesta en conocimiento del Consejero de Industria, Comercio y Turismo, como sería lo procedente", señala el fiscal. Villanueva tuvo a Delgado como alto cargo suyo en todas las consejerías por las que pasó, pero la fiscalía señala que presenta la querella "sin que en este momento conste que otros miembros de la Junta conocieran dichas circunstancias". Sí pide que se cite como testigo el director general de Energía de la comunidad, Ricardo González Mantero. Anticorrupción enumera cinco ejemplos de parques eólicos en los que la actuación de Delgado fue ilegal. Son promociones eólicas en las que los dueños acabaron cediendo megavatios a empresas locales porque si no lo hacían no conseguían las autorizaciones. Tras pasar por un intermediario, muchos de los parques los acababa contruyendo Iberdrola, una de las más activas en la comunidad. Uno de los parques eólicos fue promovido por Ider SL en León. "Estos parques podían y debían haber sido autorizados en 2004" porque cumplían todos los requisitos pero Delgado los frenó "con la pretensión de que fueran vendidos o traspasados a Biovent [propiedad de Iberdrola] y asignar una participación de los mismos a algún empresario local". Los exaltos cargos obtuvieron "un beneficio desproporcionado carente de justificación económica y ajena a toda lógica empresarial" Otro de los casos es el de Ibervento, que quería levantar dos parques eólicos en Burgos. "Rafael Delgado decidió no firmar la resolución de avocación por cuanto tenía previsto asignar participación de esos parques a personas distintas de su promotor. [...] Finalmente, el promotor, desesperanzado de conseguir la autorización a la que tenía derecho" vendió la sociedad a Endesa e Inverduero, esta última filial de Collosa, una de las grandes constructoras de la región. Las fechas de tramitación de los expdientes demuestran que parques eólicos que llevaban años paralizados recibían el visto bueno en cuestión de días en cuanto los empresarios cedían una participación a empresarios locales. La fiscalía cita grandes empresas de la región que entraban en los parques y firmas participadas por exaltos cargos de Economía que cobraban directamente. Un ejemplo: el parque eólico de la Bureba, en Burgos, tenía pedida la solicitud desde el 19 de abril de 2002 pero no salía adelante. El 18 de mayo de 2006 cambió la titularidad a una empresa en la que participaba Alberto Esgueva y solo siete días después recibía el visto bueno de Rafael Delgado. Uno de los grandes beneficiados del esquema orquestado por Delgado fue la empresa San Cayetano Wind, que era propiedad de Alberto Esgueva Gutiérrez. Este había sido consejero delegado de ADE Internacional Excal, una empresa pública dependiente de la Consejería de Economía y encargada de la internacionalización de las empresas. Delgado "decidió que a San Cayetano se le asignaran parques cuya potencia eólica sumaran 500 megavatios", el equivalente a la potencia instalada de la nuclear de Garoña. Como se llevaba el 40%, la fiscalía cifra sus megavatios en 200, a un beneficio medio de 230.000 euros, lo que arroja unas ganancias de 47,1 millones de euros. Participación de Iberdrola Tras detallar cómo se agilizaban o frenaban los trámites a voluntad de Delgado, el fiscal Herranz explica en su querella los pagos en comisiones para conseguirlo. El 1 de diciembre de 2004, Ibercyl (filial de Iberdrola en Castilla y León) firmó un acuerdo con San Cayetano para promover, construir y explotar parques eólicos. Por Iberdrola firmaron Ricardo Bravo Sayas, que era el delegado en la comunidad y consejero de Ibedrola Renovables, y Rafael Icaza de la Sota, director adjunto de auditoría interna de la compañía. Ambos están entre los querellados por Anticorrupción. Iberdrola se quedaba con el 60% de los parques y San Cayetano -es decir, el exalto cargo Esgueva- con el 40%. El acuerdo establece que "es únicamente Biovent [la empresa de Iberdrola] quien selecciona los proyectos" y que la aportación de San Cayetano consiste en "la obtención de permisos, licencias y autorizaciones". La empresa de Esgueva empezaba a cobrar antes incluso de empezar a construir los parques. "Ello supuso que, sin aportar capital propio alguno distinto de la suscripción inicial de las participaciones de la sociedad (24.400 euros), desde el momento de la firma del acuerdo San Cayetano obtuviera un beneficio completamente desproporcionado a su teórica colaboración", algo que Anticorrupción considera "carente de justificación económica y ajena a toda lógica empresarial, máxime si se considera que una entidad como Iberdrola, propietaria al 85% de Biovent, no necesitaba en absoluto de este auxilio". Ignacio Sánchez Galán con Juan Vicente Herrera. Los hermanos Esgueva e Iberdrola compartían las empresa Energía Global Castellana, la firma que recibía la titularidad de los parques que se iban aprobando. Cuando ya tenían las autorizaciones, el 15 de febrero de 2007, los Esgueva vendieron su parte de la sociedad a Iberdrola, con un precio medio de 230.000 euros por megavatio: 47,1 millones en total. Solo habían aportado 24.400 euros al capital. "Los acuerdos y contratos firmados por Biovent e Ibercyl [las filiales de Iberdrola] necesariamente necesitaron la aprobación de Comité Operativo de Ibedrola; al menos el director de la dirección de negocio de Energías Renovables de Iberdrola, miembro de ese comité operativo, tuvo que conocer y aprobar las circunstancias concurrentes de aquellos. Dicho cargo fue ocupado por Pedro Barriuso Otaola hasta 2007 y después por Xabier Viteri Solaum", según el fiscal. La querella va también contra ellos. Viteri es consejero delegado de Iberdrola Renovables y Barriuso dejó la compañía hace una década. En total hay cuatro cargos de Iberdrola querellados. Acusados cuatro directivos de Iberdrola: "Los contratos firmados necesariamente necesitaron la aprobación de Comité Operativo de Ibedrola" San Cayetano no solo recibía dinero de Ibedrola. También Preneal, una empresa presidida por Eduardo Merigó, expresidente de Visa España y secretario de Estado con la UCD, contra el que también va la querella. El 8 de marzo de 2004, una sociedad de Preneal concedió a San Cayetano "una opción de compra gratuita" sobre dos parques eólicos en Soria. Año y medio después, en diciembre de 2005, las partes cancelaron ese contrato pero a cambio de que la empresa de Alberto Esgueva cobrara seis millones de euros. Estos parques eólicos tenían un futuro administrativo negro, pues no aparecían en los listados internos de la Consejería sombreados en amarillo (los que tenían luz verde de Delgado). Sin embargo, en 2006, coincidiendo con el cobro del último pagaré, pasaron a ser coloreados en amarillo. Fueron aprobados en 2007. Preneal también pagó siete millones a otra sociedad, Cronos Global, en la que los Esgueva tenían el 50%. Cronos es el nombre de la inmobiliaria en Varsovia desde la que ahora Esgueva construye edificios de lujo en Polonia. En otros casos, Preneal tuvo que ceder parte de sus proyectos a Inverduero, del Grupo Collosa. Collosa recibió importantes cantidades de obra pública en Castilla y León y, entre otros, construyó el imponente edificio de las cortes autonómicas en el que se celebra una comisión de investigación sobre el caso. Otra de las empresas que entró en el sistema de Delgado es Avanzalia Solar, de Carlos Galdón Cabrera, exconsejero delegado de la multinacional farmacéutica Glaxo en España, que pagó 4,35 millones. Merigó, expresidente de Visa España y secretario de Estado con la UCD, y el exjefe de Glaxo en España, Carlos Galdón, también están acusados En total, las comisiones que enumera la querella suman 80 millones de euros. En su denuncia original hace dos años, Hacienda hablaba de 110 millones, pero la fiscalía ha eliminado un par de operaciones, una con Eolia y otra con Endesa, al no ver delito ahí. Anticorrupción manda el caso a Valladolid porque considera que allí se cometieron los delitos de prevaricación, blanqueo, cohecho y delito fiscal. Al circunscribirlo a esa comunidad autónoma no entra en juego la Audiencia Nacional. Un juzgado de Valladolid ya investiga el caso Perla Negra, en el que aparecen algunos de estos nombres -como Esgueva y Delgado- por la compra de un edificio por parte de la consejería a las afueras de la capital. La repercusión de la trama eólica ha sido fundamental en la política de Castilla y León. Cuando estalló, hace dos años, originó un terremoto político y terminó por apartar de la política a Tomás Villanueva. "Si lo llego a saber no pongo un molino", dijo entonces. Desde 2015, el caso estaba medio en 'stand by'. Todo el mundo esperaba la querella de Anticorrupción pero nadie sabía hasta dónde alcanzaría. Aun así, Herrera seguía jactándose de que Castilla y León no aparecía en el mapa de la corrupción. Las informaciones que salían sobre el caso de la Perla Negra aumentaban la intranquilidad del PP. Y las peticiones de información de la fiscalía y los informes que recientemente mandaron los servicios jurídicos de la comunidad a Anticorrupción les permitían intuir que no estaba archivado. Sabían que estaban sentados sobre una caja de bombas y que el reloj seguía corriendo. Ya ha estallado.

ESPERANZA AGUIRRE, DIME DE LO QUE PRESUMES Y TE DIRE DE LO QUE CARECES

Esperanza Aguirre se ha sentado este jueves por primera vez ante un tribunal para responder sobre la corrupción que inundó su administración. Como testigo en el juicio de Gürtel, la expresidenta madrileña ha negado que Alberto López Viejo fuese un hombre de su confianza, y se ha desvinculado de la logística de sus actos institucionales, que corrió a cargo de las empresas de Francisco Correa. Eso sí, ha reconocido que su Gobierno pagó sobrecostes por esos actos. Ha reconocido que pudieron haberse inflado los contratos, pero ha negado cualquier participación en ese proceso. Ha defendido que no tenía competencias en la contratación de las empresas y ha añadido: "Los actos a los que asistía yo, se celebraron todos. Hubo otros. ¿Que se cobró en exceso y que ese es el problema que se ve en este tribunal? No digo yo que no, pero los actos se celebraron". "No tenía ninguna competencia en contratación". Con esta frase ha resumido Aguirre su papel en la organización de los actos. Se limitaba a decidir a qué eventos acudía, qué palabras iba a pronunciar o qué personas quería que le acompañasen en el evento. Durante nueve años no supo nada sobre las empresas que organizaban esos actos. La fiscal Concepción Nicolás ha comenzado su interrogatorio preguntando por su relación con López Viejo, el hombre de la Gürtel en el gobierno regional. "No era una persona de mi confianza", ha dicho Aguirre, que le ascendió hasta la Consejería de Presidencia. Antes de ficharle, solo le conocía porque organizaba actos para el PP a nivel nacional, ha explicado. Aguirre ha tenido que responder también por el incremento de actos propagandísticos a su llegada a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Varios imputados y testigos han señalado que disparó el número de eventos, hasta tres al día, lo que permitió a la trama aumentar su facturación. Sin embargo, ella ha negado este extremo. Ha asegurado además que eran las consejerías quienes le proponían los actos, y decidía a cuáles acudía por razones "políticas y de oportunidad". Además, ha presumido de gestión para justificar su elevada actividad propagandística: "Inauguramos un colegio nuevo cada semana de esos nueve años que estuve de presidenta, hicimos 12 hospitales nuevos, 80 centros de salud". Aguirre se ha detenido tanto en este capítulo que el juez que preside el tribunal ha tenido que cortarla. "No podemos seguir así, su función política va por un lado, y la logística por otro", ha afirmado Ángel Hurtado. "No sabía de la existencia del señor Francisco Correa" Durante su declaración, ha insistido en varias ocasiones en qué no se ocupaba "de la logística de los actos". Admite que se quejó en alguna ocasión del sonido o pidió más luz en los atriles, pero nada más. Nunca supo, ha dicho, qué empresas se encargaban del sonido, la iluminación o los suministros, ni se recuerda a las personas que se ocupaban de ello: "Yo solo recuerdo a las personas del teleprompter, porque esas siempre eran las mismas". En esta misma línea, Aguirre ha insistido durante todo su interrogatorio en que nunca conoció al cabecilla de la trama Gürtel. "No sabía de la existencia del señor Francisco Correa, no sabía si tenía empresas". Asegura que nunca tuvo trató con él ni con ninguno de sus subordinados para la organización de los actos. "Los actos de se celebran bien organizados, pero de precios yo no sabía nada", ha insistido. La expresidenta madrileña sí que ha exculpado a sus subordinados cuando estos se saltaban algunos trámites porque tenían poco tiempo para organizarlos: "Había actos imprevistos, el atentado del 11M era el mayor de todos ellos, pero también cuando un equipo sabía a primera, cuando ganaba un equipo madrileño, cuando Alberto Contador tenía una victoria impresionante, eso había que organizarlo con muy poco tiempo". A pesar de que López Viejo no era de su confianza, le creyó cuando este negó que contratase con las empresas de la Gürtel. Aguirre le llamó por teléfono tras una información de la revista Interviú en la que se apuntaba que una serie de empresas estaban haciendo caja con las administraciones gobernadas por el PP. "La revista no denunciaba ninguna ilegalidad", ha precisado, pero aún así le pidió explicaciones a su consejero. Este le dijo que había dejado de contratar con esas empresas: "Yo me quedé tranquila, pero me mintió, no me dijo que las nuevas empresas eran del mismo dueño". "En esa época no podía concebir las cosas que estamos tratando ahora", ha añadido, al tiempo que ha admitido que erró al contentarse con la versión de López Viejo. "Yo destapé la trama Gürtel sin saberlo" Aguirre ha tenido oportunidad de explicar el mérito que se atribuye de haber destapado la trama Gürtel. Lo dijo hace años, durante un pleno de la Asamblea, lo ha mantenido desde entonces y hasta lo ha escrito en su libro. "He escrito un libro con un capítulo entero dedicado a esto", ha recordado a preguntas de la acusación popular. Asegura que se reunió con Álvaro Lapuerta a finales de 2004 para tratar la venta de parcelas en Majadahona. "Llamé al alcalde -Guillermo Ortega- y me encontré una enorme división entre los 15 concejales. Doce estaban en contra de que perdiese una enorme cantidad de dinero porque el precio fijo estaba lejos del precio de mercado", ha relatado. Cuando trasladó esa situación a Ortega, este optó por dimitir. "La diferencia entre el precio de Ortega y el otro fue nada menos que de 60 millones de euros (...) Por eso dije que yo destapé la trama Gürtel sin saberlo. Si no se hubiese hecho, los dos concejales no se hubieran ido al grupo mixto, no hubieran formado un grupo político que no sacó ninguna representación, y estos señores que pusieron hasta 14 pleitos a Narciso de Foxá, y como resulta que el señor Correa se hartó de pagar abogados y procuradores, le grabaron las conversaciones, así comienza a destaparse el caso". Lamenta entre lágrimas la detención de González La presidenta de la Comunidad de Madrid ha hecho una breve parada entre la maraña de prensa que se concentraba a la salida del tribunal de la Audiencia Nacional. Han sido menos de tres minutos y medio en los que ha advertido de que se siente conmocionada por el arresto de quien fue su mano derecha y sucesor, Ignacio González. "Me siento conmocionada, si es culpable, por la detención de una persona en la que tanto he confiado. Y si es inocente también estoy conmocionada por el calvario que estará pasando". Al pronunciar estas palabras, se le ha quebrado la voz, ha derramado algunas lágrimas y se ha ido sin responder preguntas de los periodistas. Pero en ese breve discurso, ha tenido tiempo de desmarcarse de la gestión de su sustituto en la presidencia de Madrid. Recordó que si los hechos que han precipitado la Operación Lezo tienen que ver con la compra por parte de una filial del Canal II de la empresa de ingeniería Emissao en Brasil, esa operación se realizó en 2013 cuando ella ya no tenía responsabilidades en la Comunidad. Y para distanciarse todavía más de esas prácticas remarcó que durante su gestión siempre fue contraria a que empresas como Metro o el Canal invirtiese en el extranjero. La última frase, antes de abandonar la sede de la Audiencia Nacional, ya al borde del llanto, redundó en esa idea: "Jamás nadie me ha podido acusar a mí de haber hecho alguna cuestión incorrecta y por tanto para mí, sería lo de Ignacio González muy lamentable". MÁS EN MSN: Aguirre niega cualquier relación con Correa: “Jamás he hablado con él"