Por más que venda libros y se multipliquen los programas de televisión que amparan el "pensamiento positivo" (en realidad, pensamiento mágico), es muy difícil observar la crisis económica como una opción superadora. La "destrucción creativa" lo será para los que sobrevivan, no para los millones de ciudadanos que van quedando por el camino. Lo cuenta la periodista Bárbara Ehrenreich, en su estupendo libro Sonríe o muere: hay gente "a la que habían echado del trabajo y que se dirigía cuesta abajo y sin frenos hacia la pobreza, a la que se decía que debía ver su situación como una oportunidad (...) La persona que pensaba en positivo no solo se sentiría mejor mientras buscaba trabajo, sino que para ella ese trámite acabaría antes y más felizmente".
Las políticas públicas no se están adecuando a la nueva situación ni a sus riesgos
La recuperación no implica, por sí misma, una mejora inmediata de la distribución
Esta descripción es contraria a la realidad. Empiezan a aparecer datos en España que permiten conocer las primeras huellas profundas de la Gran Recesión en los hogares, en términos de pobreza y de distribución de la renta. Este primer balance no es precisamente favorable para una buena parte de los ciudadanos españoles: a diferencia de otros momentos de crisis en los 30 años largos de democracia española, ahora hay más desigualdad porque los pobres son más pobres porque están perdiendo bienestar; los sectores más afectados son los más vulnerables al desempleo (y no los pensionistas y la gente mayor), dado que la composición del mercado de trabajo es clave para interpretar lo que está sucediendo. Y, lo que es peor, las políticas públicas no se adecuan a la nueva situación ni a los riesgos que ello implica.
Existen al menos dos trabajos que han analizado esta recomposición social en España, a la luz de varios fenómenos concatenados: la entrada exponencial y compulsiva de inmigrantes en la última década, atraídos por las posibilidades de trabajo y las condiciones de vida; sus expectativas limitadas por el estallido de la burbuja inmobiliaria, que había sido parte sustancial del modelo de crecimiento; y definitivamente truncadas -las expectativas de los inmigrantes y de una buena parte de la población activa autóctona- por la gran crisis económica en la que estamos instalados. Estos dos trabajos de la Fundación Alternativas son el Informe sobre la Democracia en España (IDE-2011), de próxima aparición, en el que los investigadores del equipo del profesor Ruiz-Huerta han profundizado en estos asuntos, y el texto titulado Pobreza y privación material en España en el periodo 2004-2008: del auge económico al inicio de la recesión, de la profesora Rosa Martínez.
Para entender lo ocurrido en España en las tres décadas largas de democracia, estas se pueden dividir en cinco etapas. La primera fase está representada por el largo periodo de estancamiento desde el inicio de la crisis del petróleo hasta la mitad de los años ochenta. Básicamente el periodo en que gobernó UCD y algo el PSOE. Entonces no hubo un empeoramiento de la desigualdad y de la pobreza, que incluso mejoraron levemente. La intensa destrucción del empleo y el tránsito de tasas de paro inferiores al 5% a registros superiores al 20% no se tradujeron en desigualdad y pobreza porque crecieron las remuneraciones, en un periodo altamente inflacionista, y porque se desarrollaron algunos de los componentes del Estado de bienestar al amparo del proceso democrático.
La segunda fase dura desde la mitad de los ochenta hasta el primer tercio de los noventa. Corresponde a los Gobiernos de Felipe González. En una coyuntura en la que la mayoría de los países de la OCDE, subordinados a la revolución conservadora -especialmente Estados Unidos y Reino Unido- registran espectaculares aumentos de la desigualdad, esta se reduce en España. ¿Causas?, la recuperación del empleo, aunque no se lograra reducir significativamente la tasa de paro y buena parte de los puestos de trabajo se sustentaran en el aumento de la temporalidad; y el incremento del gasto redistributivo con la puesta en marcha de nuevas prestaciones sociales y el fortalecimiento de programas que ya existían.
La tercera fase es el trienio recesivo 1992-1994, también con los socialistas en el poder. Breve pero intenso proceso de estancamiento, con tasas negativas de crecimiento del PIB. El paro aumentó 10 puntos (desde el 15% al 25%), y hubo un fuerte crecimiento de los indicadores de pobreza y desigualdad, rompiendo la tendencia de las décadas anteriores.
La cuarta fase va desde 1995 hasta el inicio de la actual crisis, en el verano de 2007. Final de los Ejecutivos socialistas, las dos legislaturas de Aznar y los primeros años de Zapatero. La prolongada etapa de crecimiento no compensa los aumentos de pobreza y de desigualdad del trienio anterior: un gran número de los puestos de trabajo creados son de bajos salarios y en buena medida temporales; hay un aumento muy moderado, durante los primeros años, del gasto social, con un cierto distanciamiento respecto a los niveles medios de la UE; pérdida de la capacidad distributiva de la imposición sobre la renta y disminución del efecto redistributivo de las prestaciones sociales monetarias debido al aumento del número de beneficiarios y al distanciamiento de las cuantías respecto a los niveles medios de renta, etcétera.
La fase actual de recesión y estancamiento tiene sus propias peculiaridades negativas. La más importante de ellas es el rápido crecimiento de la tasa de paro en los sustentadores principales de los hogares (al antiguo "padre de familia") que asciende casi a un millón de personas. En anteriores crisis, los efectos negativos del desempleo de jóvenes y cónyuges se compensan con el empleo de los sustentadores principales y el sistema de protección del paro, que evitaron un intenso aumento tanto de la desigualdad y de la pobreza como de las tensiones sociales. En este contexto de crisis, el paro de los sustentadores principales ha crecido más y de forma más veloz que en cualquier otro momento de la historia. Igualmente revelador en este cambio sociológico es el número de hogares en los que todos los activos se encuentran desempleados (también más de un millón). Por último, es significativo observar el incremento de hogares que no reciben ni ingresos de trabajo, ni del sistema de pensiones, ni prestaciones por desempleo (por ser sus integrantes parados de larga duración); es una población cuyo único recurso es el acceso a los sistemas autonómicos de rentas mínimas, dada la reciente eliminación del programa temporal de prestación por desempleo e inserción.
Conclusión: el volumen de paro y su composición son la manifestación más tangible del empeoramiento de los indicadores sobre el estado de la distribución de la renta en relación con objetivos razonables de equidad. Aunque la crisis ha afectado a todos, la capacidad de defensa y recuperación es muy diferente según el lugar que cada cual ocupa en la distribución de la renta. Ha aumentado el riesgo de pobreza entre los parados, aunque ha mejorado ese mismo índice entre los pensionistas.
Dos notas finales: a pesar de los esfuerzos realizados desde las políticas públicas, la insuficiencia de medidas de protección al desempleo, la falta de articulación de las rentas mínimas autonómicas y las restricciones financieras de las Administraciones públicas suscitan serios interrogantes sobre el peligro de inestabilidad social. Por último, los analistas advierten contra un espejismo: la recuperación económica, a la luz de la experiencia, no implica una mejora inmediata de las variables distributivas, dada la segmentación del mercado de trabajo y la precariedad de muchos de los empleos creados.
Joaquín Estefanía es el director del Informe sobre la Democracia en España, de la Fundación Alternativas.
