viernes, 6 de octubre de 2017
CATALUÑA A LA CALLE LA MAYORIA SILENCIOSA
Mañana en Cataluña la mayoría silenciada por el rodillo nacionalpopulista reivindicará, en las calles y sin miedo, su deseo de una España unida y sus derechos individuales como ciudadanos, largamente pisoteados. Una minoría de políticos intransigentes y desleales ha monopolizado el discurso mediático y ha secuestrado las instituciones y la Educación. Y así ha excluido del espacio público a más de la mitad de la población durante mucho tiempo. Más del que la salud democrática podía permitirse sin pagar el precio de la fractura social y el debilitamiento de las instituciones. Pero su acción totalitaria no ha logrado doblegar del todo a una mayoría silenciosa que ha decidido decir Prou! (¡Basta!). Los españoles responden así de la misma forma que en 1997, tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco, la sociedad entera se enfrentó a ETA saliendo masiva y decididamente a la calle para plantarle cara al terror asesino.
Porque, aunque a la convocatoria de Sociedad Civil Catalana se hayan adherido PP y Ciudadanos, se trata de una movilización heterogénea, social y ciudadana, en la que los protagonistas serán las decenas de miles de españoles que quieren hablar alto y claro para decirle a los independentistas que desean seguir viviendo juntos y en paz, en un país en el que el procés sea solo un mal recuerdo pasajero. Que quieren ser una comunidad de ciudadanos libres e iguales. Y es por eso, sin duda, una muy buena noticia que el PSC, despojándose de los viejos prejuicios de la izquierda respecto de la unidad de España, haya animado por carta a sus militantes a participar a título personal en la manifestación del domingo. Y también lo es que Josep Borrell sea, junto a Isabel Coixet y Mario Vargas Llosa, uno de los que leerán el manifiesto de la organización. La situación a la que se enfrenta el Estado de derecho requiere de la unidad de todos los constitucionalistas bajo la premisa de que la solución pasa por derrotar a los golpistas, nunca por convertir en interlocutores a quienes han puesto en peligro la estabilidad política de la nación y el bienestar de todos los españoles.
La reacción de la sociedad civil, que paulatinamente ha venido cobrando protagonismo a través de manifestaciones y caceroladas populares, así como con el compromiso intelectual de muchos medios de comunicación y de personajes de relevancia pública, coincide con la respuesta firme de las instituciones del Estado y de algunas de las principales empresas del país. El discurso de Su Majestad el Rey marcó un punto de inflexión en la respuesta cívica e institucional al desafío independentista. Gracias al compromiso de Felipe VI, hoy estamos en mejores condiciones de vencer el delirio político que supone el independentismo, un proyecto ideológico reaccionario, ajeno al devenir de la Historia, que ha recibido -como no podía ser de otra forma- la reprobación de la comunidad internacional. En un mercado globalizado no caben las apuestas por la fragmentación en unidades políticas pequeñas y débiles, sino el reforzamiento de organizaciones supranacionales para hacer frente a los retos a los que se enfrentan las sociedades occidentales.
Los ciudadanos de Cataluña y de toda España están escribiendo estos días una de las páginas más dignas y orgullosas de nuestra historia común. El nacionalismo de hoy, como el que provocó las peores guerras mundiales, es una semilla cargada de odio que no debe germinar de nuevo. Oponerse a él es luchar por mantener la convivencia, la tolerancia y la democracia, los valores sobre los que se ha edificado el humanismo europeo. Defendámoslo en la calle.
viernes, 22 de septiembre de 2017
TAMBIEN RUSIA INTERVIENE EN CATALUÑA
La maquinaria de difusión de noticias falsas que Rusia ha empleado para debilitar a Estados Unidos y la Unión Europea se ha puesto a funcionar a pleno rendimiento en Cataluña, según un pormenorizado análisis de webs prorrusas y perfiles de redes sociales efectuado por este diario con avanzadas herramientas analíticas. Tras campañas encubiertas a favor del Brexit, Marine Le Pen y la ultraderecha alemana, el Kremlin ha visto en el independentismo catalán otra oportunidad para ahondar las fracturas europeas y consolidar su influencia internacional. Se vale de páginas web que publican bulos, activistas como Julian Assange y una legión de bots, millones de perfiles automatizados en las redes sociales que son capaces de convertir una mentira en una tendencia compartida millones de veces.
No es una coincidencia que RT, un medio financiado por el Gobierno ruso que funciona como órgano de propaganda a favor del Kremlin, esté empleando su portal en español para difundir noticias sobre la crisis catalana con un sesgo contrario a la legalidad constitucional. Desde el 28 de agosto ha publicado 42 noticias sobre la crisis en Cataluña, algunas con titulares incorrectos como “La UE respetará la independencia de Cataluña, pero tendrá que pasar un proceso de adhesión”. Habitualmente, RT publica informaciones y análisis que transmiten el punto de vista del Gobierno ruso sobre la guerra en Siria, las provocaciones de Corea del Norte o la presidencia de Donald Trump. Además, suele hacerse eco de los mensajes de activistas como Assange que coinciden con los intereses de Moscú.
© Proporcionado por Prisa Noticias Noticia incorrecta publicada por RT.
El 12 de septiembre, RT publicó una noticia en la que se hacía eco de un tuit de Assange en el que pronosticaba “el nacimiento de Cataluña como país o una guerra civil”, y que, según las herramientas analíticas que emplea este diario, compartieron 1.700 personas en Facebook y Twitter. Assange se ha convertido, de hecho, en el principal agitador internacional de la crisis catalana, diseminando opiniones y medias verdades como si fueran noticias. Según datos de Audiense, una plataforma de análisis social, solo en septiembre Assange ha obtenido casi 940.000 menciones en Twitter, la inmensa mayoría con hashtags sobre la independencia: Catalonia, 1oct, Catalonianreferendum, 1o, Rajoy.
Un ejército de robots
En una semana en que la justicia y el Gobierno han desarmado la logística del referéndum ilegal, el tuit con mayor influencia en el mundo sobre el asunto, según la herramienta de medición NewsWhip, fue una publicación de Julian Assange del 15 de septiembre a las 18.46: “Pido a todo el mundo que apoye el derecho de Cataluña a la autodeterminación. A España no se le puede permitir que normalice actos represivos para impedir que se vote”. El mensaje, en inglés, obtuvo en total 12.023 retuits y 16.016 me gusta.
Habitualmente en esa red social los mensajes se suelen viralizar de forma sostenida a lo largo de varios días, porque el acto de compartir un mensaje depende de la decisión de los seguidores, repartidos por varios países. En el caso de ese tuit de Assange, como muchos otros del mismo autor, logró más de 2.000 retuits en una hora y alcanzó su punto máximo, 12.000 retuits, en menos de una jornada. Que un mensaje se viralice de forma tan rápida, casi vertiginosa, obedece a la intervención de bots o perfiles falsos programados simplemente para dar eco de forma automática a mensajes determinados. Un análisis pormenorizado de una muestra de 5.000 seguidores de Assange en Twitter, facilitada por TwitterAudit, revela que un 59% de estos son perfiles falsos.
Esta semana, a la causa de Assange se unió Edward Snowden, exanalista de inteligencia norteamericano, prófugo en su país y asilado en Rusia. Washington da por seguro que Snowden, que participa en videoconferencias sobre seguridad informática y espionaje electrónico, colabora de forma habitual con los servicios secretos rusos. El 21 de septiembre, a las 17.05, dijo en Twitter: “La represión de España sobre las afirmaciones incómodas, la política y las manifestaciones en Cataluña son una violación de los derechos humanos”. En menos de 24 horas obtuvo casi 8.000 retuits y otros 8.000 me gusta.
Uno de los tuits de Assange con mayor repercusión en los pasados siete días (2.200 retuits y 2.000 me gusta) incluye un pantallazo y un enlace a un artículo de un firme aliado de la perspectiva rusa en EE UU: Justin Raimondo, director del sitio web AntiWar y activista antiglobalización que ha apoyado a Trump. El artículo se titula “Cataluña: ¿Una plaza de Tiananmen española?” y compara las protestas en Barcelona con las que el régimen chino reprimió en 1989, con centenares, si no miles, de muertos. “A lo que Occidente se enfrenta es a la posibilidad de un incidente similar al de la plaza de Tiananmen en su corazón, un acto de violencia que, en lugar de reafirmar la legitimidad de las autoridades de Madrid, las deslegitimaría con rapidez a los ojos no solo de sus ciudadanos sino del mundo entero. Cataluña se convertiría en la reencarnación del hombre frente al tanque y las autoridades de Madrid, los déspotas de Pekín”.
Precisamente fue Assange quien el 9 de septiembre usó la célebre imagen de las protestas en China en 1989, con un hombre solo frente a una fila de tanques en plena calle, con el lema: “España, esto no funcionará en Cataluña”. Assange tuiteó y retuiteó el artículo de Raimondo en cuatro ocasiones, logrando 4.078 retuits de forma casi inmediata.
Barcelona y Tiananmen
En los pasados días, perfiles anónimos de Twitter con miles de seguidores que suelen dedicarse a promover propaganda rusa emplearon esa misma comparación entre Barcelona y Tiananmen. Lo hicieron por ejemplo @Ian56789, con 30.300 seguidores, o @UncleRuthless, con 5.179, ambos sospechosos de ser bots porque sus mensajes en redes suelen ser titulares y enlaces a noticias de medios públicos o privados rusos como RT o Sputnik.
También difundieron la comparación entre Barcelona y Tiananmen académicos europeos en la órbita rusa como Richard Wellings (@RichardWellings, 16.100 seguidores), comentarista habitual en RT y Sputnik. Wellings trabaja para un think tank afincado en Londres de nombre Institute of Economic Affairs, que ha publicado artículos como “No hay pruebas de que Trump haya conspirado con Rusia”. Tradicionalmente, Wellings ha sido muy crítico en los medios con las sanciones impuestas a Rusia por su intervención en Ucrania y ha defendido en diversas conferencias, de fácil acceso en YouTube, que Occidente entra en una época de decadencia. Wellings retuiteó el mensaje de Assange y posteriormente compartió un artículo con el titular: “La magnitud de la represión en Cataluña deja al descubierto la crisis del Estado español”.
© Proporcionado por Prisa Noticias Análisis de hastags de Hamilton 68.
La prueba definitiva de que el interés de quienes movilizan al ejército de bots prorrusos se ha centrado en el pulso independentista en España es que entre sus menciones habituales en redes (Siria, Rusia, Ucrania, Trump, Hillary Clinton, ISIS) ha entrado desde hace unos días Cataluña. Así lo refleja la herramienta Hamilton 68 de la Alianza para Asegurar la Democracia, un proyecto nacido en el seno del German Marshall Fund después de que la proliferación de noticias falsas en las elecciones norteamericanas de 2016 le permitiera a Donald Trump ganar las elecciones. Esa herramienta analiza de forma permanente 600 cuentas, automatizadas o no, en la órbita del Kremlin. En las 48 horas entre el miércoles y el viernes, uno de los hashtags más empleados por esos perfiles prorrusos era #Catalonia, tras otros como #HerpesHillary o #Trump.
Según esa misma herramienta, uno de los medios más difundidos por las redes prorrusas es precisamente AntiWar, donde se alojó el artículo de opinión que comparaba Barcelona y Tiananmen. Otros contenidos ampliamente compartidos por esas mismas redes son “Los judíos provocan las guerras de América” o “Hillary Clinton es como un herpes”.
Los ejércitos digitales del Kremlin operan con el mismo patrón: viralizan mensajes y noticias exageradas o falsas para exacerbar una crisis y fomentar división en EE UU o Europa, algo que acaba beneficiando la posición de Moscú. Para ello esas guerrillas se valen de sitios web con apariencia de diarios serios que son los que crean o alojan esas noticias que luego se comparten.
Uno de los más populares es DisobedientMedia.com, que se presenta bajo la apariencia de un sitio web de periodismo de investigación, pero que se ha dedicado a promover todo tipo de falsas teorías conspirativas como la que relacionaba a Hillary Clinton con una red de pederastia. Según ha revelado el think tank Atlantic Council, los empleados de ese supuesto diario han difundido también noticias falsas en la campaña alemana, como que Angela Merkel permitió la entrada de yihadistas del ISIS en Europa para lograr mayor poder militar.
Ahora ese mismo medio y esos mismos empleados se han lanzado a difundir información sobre la crisis catalana, muchas veces interactuando con el propio Assange. El 15 de septiembre publicaron una noticia en la que hacían afirmaciones falsas como que la anulación del referéndum ha puesto en duda la permanencia de España en la UE, que el Gobierno español ha restringido la libertad de prensa o que Amnistía Internacional ha condenado que no se pueda celebrar la votación ilegal sobre la independencia. La noticia acaba con una foto de Francisco Franco a caballo y su autora hace referencia a “la perdurable influencia del dictador fascista Francisco Franco en la política española”. Esa misma autora, Elizabeth Lea Vos (@ElizabethleaVos) compartía su información en Twitter hace siete días con mensajes como “¿Dónde está la respuesta de la UE al autoritarismo español?”.
Hay otros ejemplos de webs prorrusas que han comenzado a difundir noticias falsas para luego distribuirlas en redes sociales. Por ejemplo, Russia News Now, un portal con apariencia de diario, publicó el jueves una información con el titular: “UE: Cataluña puede, Crimea no”. En ella, bajo una foto del Parlamento europeo, se daba a entender que la Unión Europea ha dado luz verde a la separación de Cataluña de España, aunque se opusiera a que Crimea rompiera con Ucrania. De hecho, el texto afirma: “Los habitantes de Cataluña tienen derecho a decidir sobre su futuro de forma democrática, según un comunicado de los diputados del Parlamento europeo”. En realidad se trata de una nota de prensa del grupo Izquierda Unida Europea (52 escaños de 761) que únicamente critica las medidas policiales del Gobierno contra el referéndum ilegal. De esa noticia, con texto y titular idéntico, se hicieron también eco sitios web que suelen funcionar como correas de transmisión de los mensajes oficialistas del Kremlin, como Fort Russ o Front News International.
La versión oficial: “Es un asunto interno”
Oficialmente, el Kremlin mantiene que la crisis del independentismo catalán solo es competencia de España. Así se pronunció ayer en Moscú el portavoz del Gobierno ruso, Dmitri Peskov, ante las preguntas de la prensa, informa Efe. “Esto es un asunto interno de España, y no consideramos posible involucrarnos en ello de ninguna forma”, dijo.
En junio, tras reunirse con su homólogo español, Alfonso Dastis, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, dijo que “existe una legislación nacional y existen unos compromisos internacionales”. “Nosotros asumimos que los procesos internos de España deben basarse en estos principios”, respondió a una pregunta sobre el asunto.
Tradicionalmente, el Kremlin ha evitado cualquier pronunciamiento polémico en este tipo de crisis, aunque paralelamente trabaje a favor de sus intereses de forma discreta. En los pasados meses ha promovido la ruptura de Reino Unido con la Unión Europea, la campaña ultranacionalista de Marine Le Pen en Francia y el avance del partido de ultraderecha Alternativa para Alemania, que en las elecciones del próximo domingo podría entrar por primera vez en el Parlamento de su país.
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lunes, 11 de septiembre de 2017
DIADA DE CATALUÑA O POPURRI POPURRI.ESTUVO HASTA EL DEMOCRATA DE OTEGUI
Donde se ven más banderas curiosas es en la zona de invitados del acto de plaza de Catalunya. Es una alegre ensalada de pueblos oprimidos y causas más o menos perdidas, que en la fiesta del independentismo se sienten en su casa. De Quebec a Galicia y por supuesto el Tibet. Aquí todo eso es mainstream, no marginal. La paradoja de la manifestación masiva de ayer es que era una celebración de lo políticamente correcto en Cataluña, pero con un aura de transgresión y victimismo que atrae como un imán a todo tipo de rebeldes. Julian Assange lo ha consagrado con su “Pancho Sánchez”. Y todo de forma muy familiar, algo sociológicamente anómalo, donde aparentemente los padres piensan igual que los hijos, porque ser independiente también es tendencia juvenil. La bandera mola, los adolescentes se la ponen en los selfis. “Yo también soy fluorescente”, se leía en camisetas amarillo fosforito, el color oficial de la movilización. De eso va la cosa, de sentir un brillo especial, algo sentimental en el aire que hace abrazarse a las familias y hacerse carantoñas a los novios.
Ya ha salido una nueva bandera que reinterpreta una negra del siglo XIV
A eso de las 16.20 en la megafonía de plaza de Catalunya se oyó la voz de Arnaldo Otegi, que muy fluorescente no es, pero basta arrimarse aquí para participar del fulgor. En una entrevista radiofónica llamaba a “recuperar la dignidad”. Pregunta el periodista: ¿Esto se puede frenar? “Yo creo que no”, respondió. Entre las ikurriñas destacaba, por el calor que estaban pasando en el bochorno, un grupo de Vitoria, Judimendiko Momotxorroak, disfrazado con pieles de oveja, cuernos y cencerros gigantes, el traje tradicional de carnaval en Navarra.
Flandes y el esperanto
Pasaba una fila de extranjeros con banderas amarillas y un león negro y la gente aplaudía para luego preguntarles quiénes eran. “Somos de Flandes, allí tenemos una situación parecida”, dice Jeroen, 38 años, de Antwerp. “Sería Bélgica”, explica a una señora qué no sabe bien dónde es. Lo mismo argumenta Guillem Nicolás, 55 años, que sostiene una bandera de Montenegro que le trajo su hermana, que fue allí de vacaciones. “Allí estaban igual que nosotros: pero tuvieron referéndum”. Tiene otra rara, verde: “Es la del esperanto”. Sergi, 20 años, enarbola una de la Serenísima República de Venecia. Lo mismo: “Están en la misma situación que nosotros”. Hamadi, un adolescente saharaui, que estudia aquí desde hace dos años, lleva la bandera de su pueblo. Lo mismo: “Porque Cataluña está como nosotros”. También se veían pancartas antitaurinas, porque el toro bravo y otros animales están como Cataluña, fatal. “Ellos tampoco tienen derecho a decidir”, clamaba un cartel.
Al margen de un anciano de aspecto venerable que cerca de la plaza de Catalunya advertía de la inminencia del Anticristo y su derrota (Mateo 24.14, decía), el encuentro más inesperado fue con una bandera de la URSS. La llevaban dos chicos, que al preguntarles qué significaba se pusieron tensos: “Si has leído el Manifiesto Comunista no sé a qué viene la pregunta. No es por el país, es la idea”. “Es la bandera de todos los pueblos a favor de la autodeterminación de los pueblos”, explicaba su compañero. Invita a leer a Lenin para saber más, salvo que uno sea marxista, que entonces no.
Por Tartesos hacia la independencia
Entre las banderas llamativas que salpicaban ayer la multitud en la plaza de Catalunya, frente al escenario, donde tenían sitio reservado los invitados, ondeaba una muy extraña. Dos franjas verdes y una blanca, con una especie de rueda en medio, parecería la de India. Al preguntar al señor que la sostiene si habla español responde: “Perfectamente: soy español”. Ah. Es del Partido Nacionalista Andaluz, se llama Salvador García, 60 años, pertenece a la comisión de garantías del partido y explica que es la bandera andaluza con el símbolo de la estrella tartésica, un pictograma que eligió como emblema el califato de Córdoba cuando se independizó del de Damasco, y así hasta hoy.
Se emociona al hablar de Tartesos, la primera civilización ibérica, nada menos. ¿Ustedes quieren la independencia de Andalucía? “Por supuesto”. Y la de Cataluña, claro. “Claro, por eso estamos aquí”. Es el segundo año que vienen, invitados por la ANC. ¿Cuántos han venido? Se lo piensa y hace números: “Mmmm… cuatro”.
jueves, 7 de septiembre de 2017
GOLPE A LA DEMOCRACIA EN CATALUÑA
El debate del Parlament que lanzó la ley del referéndum secesionista supone el cénit de radicalidad y tensión en el desafío contra la democracia española y contra la legalidad y las instituciones catalanas de autogobierno que el procés soberanista abrió hace un lustro.
Pero el tiempo acerca enormemente ese mismo proceso a su naufragio. Desprovisto el bloque secesionista de alianzas; expulsados los moderados y legalistas del nacionalismo de sus partidos; purgados los prudentes del Govern; fragmentada la sociedad catalana, y recorrida una esotérica hoja de ruta que ha llevado a la descomposición política y a la anomia gubernativa, solo faltaba el broche para iniciar el capítulo final de esta descabellada aventura.
El espectáculo que dio este miércoles la exigua mayoría fue el reverso del respeto a la legalidad que prometía
Un broche final que fue el espejo cóncavo de un movimiento social cuyos inicios habían perseguido ser amables, próximos, cívicos y pacíficos, como un 15-M del soberanismo. El espectáculo ofrecido este miércoles por la (exigua) mayoría parlamentaria independentista (representativa de una minoría de votos populares) y por la presidenta de la institución, Carme Forcadell, no solo es que fuera atropellado, vergonzoso y atrabiliario en su intento de aplastar a la oposición, a los millones de votantes que esta representa, y por tanto al Estado de derecho y al sistema democrático en su conjunto. Es que supuso el reverso de la pulcritud, el respeto a la legalidad y la transparencia que prometía.
El primer gran acto de la ruptura fue, sí, parlamentario. Pero turbulento, como corresponde a un movimiento que pretende destruir lo construido conjuntamente durante cuatro décadas de democracia española; autonomía catalana; gran contribución de los catalanes al quehacer colectivo y balsámica pertenencia a Europa.
El separatismo intentó acallar a la minoría abusando ilegalmente del reglamento y la presidencia
El intento de someter a los diputados de la oposición y partir en dos a la Cámara (y, por tanto, romper también en dos frentes a la entera Cataluña) provocó una dignísima respuesta de las minorías. Y evidenció los malos y abruptos modos, excluyentes, autoritarios y de escasa urbanidad que la mayoría, el grueso de la Mesa y la presidencia dispensaron a aquellos en quienes confiaron más de la mitad de los electores.
El procedimiento simplificado, opaco, exprés, carente de garantías, huérfano de control de constitucionalidad y de plazos suficientes para las enmiendas y el debate quedó a la vista de todos: como muestra de que se pretende el hercúleo desastre de romper la convivencia y la legalidad mediante una ley casi clandestina, desprovista de toda credibilidad parlamentaria y de todo estándar democrático.
Algunos de los diputados más despiertos del bloque secesionista se percataron de que el planteamiento sectario de esta ley, y los modos a la par serviles y autoritarios de la presidencia, hacían peligrar su proyecto ante la ciudadanía que siguió el debate. Y por supuesto ante la escena internacional. Con pesar —sin duda compartido por muchos—, hay que lamentar el desprestigio al que ha sometido a una institución que había sido avanzadilla en muchos progresos sociales, del testamento vital a la lucha contra la pobreza.
No es excepcional en la historia parlamentaria universal el caso de una Cámara que se automutila (en ocasiones hasta el suicidio), entregando sus poderes a Ejecutivos dislocados, líderes peligrosos o proyectos descabellados.
El veto de la Mesa a la solicitud de un dictamen de constitucionalidad al Consell de Garanties Estatutàries supone un inaceptable recorte de los derechos de los representantes democráticos y un atentado contra la propia normativa estatutaria, como certificó también un breve pero solemne acuerdo del propio organismo: la respuesta de la Mesa de que la mayoría de escaños prevalece sobre todo lo demás (como los organismos para su control) concita fantasmas dictatoriales. Aquellos que reducen primero la soberanía popular en hegemonía de la Cámara y acaban jibarizándola a su mayoría circunstancial.
Así que ese veto entraña también una dramática autolesión de la Cámara y un consecuente perjuicio a su credibilidad. A partir de ahora, su normativa sin filtros de calidad y sin coherencia con la imprescindible jerarquía normativa, coexistirá con la legislación correcta, y bien se sabe que la moneda falsa acaba expulsando del mercado a la auténtica. Pierde ante todo Cataluña y todos los catalanes.
El plan secesionista ya ha fragmentado a la sociedad catalana, pero su propósito inmediato va más allá: quebrar la complicidad y la solidaridad de los españoles y del Estado plural y descentralizado del que se han dotado. El recurso del Gobierno a restituir la legalidad desde la justicia apelando al Tribunal Constitucional es adecuado y proporcionado. Y es especialmente loable que los grandes partidos de la oposición, que mantienen con él enormes diferencias de toda suerte, apoyen sin paliativos esta actuación. Sin retornar a los cauces de la legalidad común, la cuestión catalana se alejaría de soluciones factibles, constructivas, que eviten la división y quién sabe si mucha frustración y dolor.
sábado, 2 de septiembre de 2017
COLOMBIA. DESPUES DE LA TEMPESTAD VUELVE LA CALMA
Internacional
La guerrilla colombiana de las FARC se convierte en partido político: “Queremos ser gobierno”
República/Efe | Madrid | 02/09/2017
Su candidato presidencial se enfrentará al jefe negociador del Gobierno para sustituir a Santos en el trono de Nariño
Ha nacido la Fuerza Alternativa Revolucionara del Común, el partido político alumbrado por las FARC, después de más de medio siglo de lucha entre la guerrilla y las tropas colombianas, que ha dejado un trágico saldo de ocho millones de víctimas. Su primer examen serán las elecciones generales de 2018 y, aunque en un principio lo habían descartado, ahora lo tienen claro: quieren ser gobierno. “Queremos ser gobierno”, ha confesado Luciano Marín Arango, conocido en el campo de batalla como ‘Iván Márquez’, el número dos de las FARC, al término de un congreso de una semana que iniciaron como guerrilla y han concluido como partido político en Bogotá, a la vista de quienes durante décadas han sido sus enemigos mortales.
Aunque con las mismas siglas –algo no poco polémico–, la naturaleza de las FARC ha cambiado para siempre. El objetivo es idéntico al que se fijaron en 1964, cuando la guerrilla surgió en un contexto de gran violencia dentro y fuera de la política. Los medios, sin embargo, son otros. Han abandonado los fusiles para tomar la palabra como única arma.
“No queremos una sola gota más de sangre por razones políticas, que ninguna madre vuelva a derramar lágrimas por su hijo o hija violentados”, ha dicho el jefe de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, ‘Timochenko’. “Por ello, no vacilamos en extender nuestras manos en señal de perdón y reconciliación. Queremos una Colombia sin odios”, ha añadido.
La presentación de las nuevas FARC se hizo a última hora del viernes en una rueda de prensa ofrecido por la plana mayor de la ya extinta guerrilla. Sentados a una mesa vestida con mantel blanco y rosa roja en mano –el logotipo del partido– tomaron el micrófono uno a uno para aclarar a los periodistas qué nombre usarán a partir de ahora.
Para ellos, según explicó Marín Arango –uno de los que ha decidido dejar atrás el alias guerrillero– fue un momento emotivo, no solo por la catarsis de las FARC, sino porque la cita de Bogotá permitió congregar a compañeros de filas que durante años no habían tenido contacto alguno y que incluso creían muertos.
El gran ausente fue ‘Timochenko’, debido a los problemas de salud que ha sufrido en los últimos años en el marco de las negociaciones de paz en La Habana y que se han acentuado en la recta final con un ictus. El líder de las FARC decidió guardar fuerzas para la puesta de largo del nuevo partido ante el pueblo colombiano.
El broche al largo proceso que se inició en 2012 en la capital cubana fue un concierto en la emblemática Plaza Bolívar de Bogotá, donde se encuentran el Congreso y la sede de otras importantes instituciones, al que asistieron miles de personas. “Emocionado de ver la plaza llena (…) Gracias por tan bella acogida”, dijo ‘Timochenko’.
Objetivo: La casa de Nariño
El congreso de las FARC ha servido para que acuerden cuál será su papel en las elecciones presidenciales y legislativas de 2018. Así, aunque dijeron que no concurrirían a las presidenciales, por considerar que era una meta demasiado ambiciosa para su primera cita con las urnas, Marín Arango anunció que aspirarán a todos los cargos.
“Hemos ingresado a la vida política legal porque queremos ser gobierno o hacer parte de él”, dijo y matizó que su intención es fundar un “gobierno de transición para la reconciliación y la paz, bajo el entendido de que puede concebirse desde una gran coalición democrática de amplia convergencia construida a partir de lineamientos compartidos”.
Marín Arango no precisó con quién intentarán aliarse para ocupar la Jefatura del Estado, si bien, en lo relativo a las listas a la Cámara de Representantes y al Senado, subrayó que, además de antiguos combatientes, habrá activistas y líderes sociales que simpaticen con el poso ideológico de las FARC.
Los nombres de los candidatos ‘farcianos’ serán elegidos por la dirección del partido, integrada por 111 personas. “Se mencionaron nombres”, ha revelado Jorge Torres, otrora ‘Pablo Catatumbo’. Son precandidatos él mismo, ‘Iván Márquez’, ‘Carlos Antonio Lozada’ y “una larga lista más”. “Eso, por ahora, no está definido”, recalcó.
Un reciente sondeo de opinión elaborado por la empresa demoscópica Gallup afirma que las FARC superan en popularidad a los partidos tradicionales de Colombia. Suman un 12 por ciento de las preferencias, mientras que el conjunto de formaciones políticas tiene un diez por ciento.
Las FARC en realidad solo tendrán que preocuparse de la carrera por la Casa de Nariño, donde se da la paradoja de que el candidato de la antigua guerrilla se enfrentará a Humberto de la Calle, jefe negociador del Gobierno en el proceso de paz y favorito para sustituir a Juan Manuel Santos en el cargo.
Y ello porque el acuerdo de paz garantiza a las FARC una representación mínima de cinco senadores y cinco diputados durante los próximos dos períodos electorales. “Solo se asignarán los que falten para completar cinco escaños, de tal manera que cuando la lista obtenga cinco o más no se les asignará ninguno adicional”, apunta el Alto Comisionado.
Estos diputados y senadores sustituirán a los seis portavoces –tres en el Senado y tres en la Cámara de Representantes– con los que cuentan actualmente las FARC en el Congreso para participar “exclusivamente” en los trámites relacionados con el acuerdo de paz.
Largo recorrido
Las FARC han llegado a este punto tras cuatro años de intensas discusiones en La Habana y otros dos previos de “contactos informales” que culminaron el pasado 24 de noviembre con un acuerdo de paz de casi 300 páginas que ofrece a Colombia la mejor oportunidad de su historia para silenciar las armas.
No han sido pocos los obstáculos, entre ellos el referéndum del 2 de octubre de 2016 en el que los colombianos rechazaron los textos de La Habana y que hizo temer una reanudación de la guerra. Han tenido que cumplir dos requisitos esenciales para poder irrumpir el política: la desmovilización y el desarme.
La desmovilización comenzó en febrero y se completó en marzo. Los cerca de 8.000 guerrilleros de las FARC abandonaron sus escondites en la selva colombiana para concentrarse en la treintena de zonas veredales acordadas entre las partes bajo la supervisión de Naciones Unidas.
A ello siguió un proceso de desarme, entre mayo y agosto, en el que la ONU –mediador entre las partes– ha recogido un total de 7.132 armas individuales y se dispone ahora a extraer el arsenal bélico que las FARC escondían en 957 zulos con el plazo límite del 15 de septiembre.
Queda el reto de garantizar que el grueso de los ex guerrilleros, aquellos que no quedarán integrados en el partido político, se reincorpora a la vida civil. Para ello, las partes han iniciado un censo que permita conocer “la condición educativa de cada uno”, según explicó el ministro para el Postconflicto, Rafael Pardo, en una entrevista a Europa Press.
“Estamos dejando atrás una época histórica. Vamos para delante”, han proclamado las FARC. “Nuestro primer paso es presentar a Colombia nuestro partido, nuestra propuesta de acción política. Hoy somos un partido que nace. En un mañana no lejano seremos millones y millones en una nueva Colombia”, ha confiado ‘Timochenko’.
miércoles, 30 de agosto de 2017
CATALUÑA 1 DE OCTUBRE ¿ GOLPE DE ESTADO ?
En la política española la operación independentista de Cataluña empieza a parecerse a las cuestiones nefandas que aparecen a veces en las familias o entre amigos. Cuesta tanto verbalizarlas que sólo se tratan a partir de eufemismos que impiden afrontarlas adecuadamente. Nadie se atreve a decir lo que cualquier polítólogo, historiador o jurista llamaría por su nombre, esto es, un golpe de Estado. ¿El referéndum que quieren celebrar los independentistas, como paso previo a la proclamación de la República catalana, forma parte del golpe de Estado? Y si es así, ¿se puede considerar también un autogolpe de Estado?
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Empecemos indagando si estamos ante un golpe de Estado. Solemos identificar los golpes de Estado con un movimiento violento que derroca a un Gobierno y se hace con el poder en un país, como vemos en la Técnica del golpe de Estado de Curzio Malaparte que muestra la forma militar y violenta de los golpes de Estado. Con mayor sutileza, el Diccionario de la Real Academia define el golpe de Estado poniendo el acento en el hecho de apoderarse de los resortes del gobierno de un Estado. Pero si identificamos el golpe de Estado con la toma de los palacios (de Invierno o de la Moneda) o con la ocupación de las calles por vehículos militares acorazados no lograremos entender la verdadera esencia de un golpe de Estado. Hans Kelsen describió con gran precisión lo que es un golpe de Estado apuntando que hay un golpe de Estado (y en general una revolución) cuando “el orden jurídico de una comunidad es nulificado y substituído en forma ilegítima por un nuevo orden” (Teoría General del Derecho y del Estado). Y añadía Kelsen que en sentido jurídico el criterio decisivo es que el orden en vigor es reemplazado por un orden nuevo de forma no prevista por el anterior y la Constitución es reemplazada por otra nueva que no procede de la reforma de la que está en vigor.
¿No cuadra la visión kelseniana de los golpes de Estado con lo que está pasando en Cataluña? ¿No es el golpe de Estado la aprobación de las leyes de referéndum y de transitoriedad jurídica y la celebración del referéndum que conduciría, de triunfar el “sí”, a la proclamación de la República catalana? La única diferencia entre los anteriores golpes de Estado que ha habido en la Historia y el de los independentistas es que este se anuncia a bombo y platillo y nos cuentan las medidas que adoptarían en caso de fracaso. El procés es un golpe de Estado como un castillo, sin carros de combate pero con los mismos efectos políticos y jurídicos. No es muy diferente de otro proceso, el que pusieron en práctica los nazis en 1933.
En sentido jurídico el criterio decisivo para definir un golpe es que el orden en vigor es reemplazado por un orden nuevo de forma no prevista por el anterior
Aclarado este tema veamos a continuación si estamos ante un autogolpe. El primer teórico del golpe de Estado, el francés Gabriel Naudé (Science des Princes, ou Considérations sur les coups-d’état), explicó en 1639 que los soberanos dan golpes de Estado para reforzarse políticamente y esta visión coincide con lo que ahora denominados autogolpe. El autogolpe (que han dado desde Napoleón III hasta Fujimori) se caracteriza por ejecutarlo las mismas autoridades que ocupan legalmente el poder quienes, al amparo de su posición, rompen inconstitucionalmente el ordenamiento vigente e implantan un nuevo orden político fundado en la fuerza o en un Derecho nuevo elaborado de forma ilegal e ilegítima. Si el procés, como hemos visto, un golpe de Estado que quieren ejecutar el Gobierno catalán y una parte del Parlamento (dos órganos estatutarios), hemos de concluir que estamos ante un autogolpe, tal como lo describió Naudé (con la única diferencia de que los órganos estatutarios no son soberanos).
No debemos olvidar que si se crea un nuevo Estado mediante un golpe, es muy difícil que ese Estado sea democrático pues la minoría golpista tenderá a gobernar sin contar con la mayoría de la población, como bien explicó Juan J. Linz al analizar la quiebra de las democracias.
Llegados a este punto, ya sin eufemismos, será legítimo que el Gobierno, con el apoyo de las Cortes, reaccione con firmeza. Están el artículo 155 de la Constitución —un procedimiento limpio, versátil y democrático—, el Código Penal y las nuevas atribuciones del Tribunal Constitucional. Y para aplicar todos estos instrumentos es necesaria, sobre todo, la unidad política en torno al Gobierno que debe ofrecer, como contraprestación, iniciativas políticas rápidas (incluida la reforma constitucional) a partir del 2 de octubre
lunes, 28 de agosto de 2017
FELIPE VI
EL PUNTO DE VISTA
"Después de tantos años de manifestarme por las más diversas causas, me convertía en protagonista accidental". David Minoves describía así la reacción de las redes sociales a la foto que le ha hecho viral. Con su cartel amarillo interpelando al Rey sobre el tráfico de armas y Felipe VI en primer término. Según cuenta, el Monarca "le miró a los ojos, miró el cartel y apartó la mirada". Que se sepa, el comando del 17-A estaba formado por marroquíes residentes en Cataluña, dirigidos por un imam ex traficante de hachís. Sus armas fueron furgonetas alquiladas y cuchillos comprados en un chino. Antes, fracasaron fabricando un explosivo casero. Arabia Saudí es un régimen retrógrado. Y un país rico con el que comercia todo el mundo. Minoves, anfitrión sin escrúpulos de Otegi, tituló su artículo en Nació digital El rey va desnudo. La pobreza argumental, su oportunismo y su afán por denigrar lo español demuestran que quien está desnudo es el independentismo.
jueves, 27 de julio de 2017
COMO ORIENTARTE EN TUS VIAJES SIN CONSUMO DE DATOS
Cómo descargarte la zona que vas a visitar este verano para viajar sin datos
Google Maps permite bajarse zonas concretas para que no te cueste ni un euro orientarte o por si te quedas sin cobertura en una carretera comarcal y Google Trips, organizar las visitas
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José Mendiola Zuriarrain
27 JUL 2017 - 16:32 CEST
Google Maps. En vídeo, cómo descargar mapas para consultarlos en modo off-line. Pixabay | EPV
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Pese a que con la eliminación de los costes del roaming en buena parte de Europa nos podremos ahorrar un buen pico en la factura del móvil, hay mucho mundo que recorrer y uno nunca sabe a ciencia cierta si encontrará una buena conexión wifi para manejarse en destino. En este sentido, Google Maps se ha convertido en una herramienta esencial para los que viajen por el mundo ¿Dónde queda el hotel? ¿Hay alguna farmacia en la zona? ¿Qué dirección hay que tomar para ir al museo? Son cuestiones que en cualquier ciudad se resuelven recurriendo al móvil, pero en el extranjero y sin un plan de datos asumible, puede resultar inútil.
Menos mal que en Google han considerado esta circunstancia y su popular aplicación de Mapas permite descargar las zonas que vayamos a visitar de forma que luego podamos acceder a esta información sin necesidad de estar conectados a Internet. La idea consiste en acceder en primer lugar a la zona a visitar desde la aplicación móvil, para luego descargarla mientras estemos conectados a una red wifi y así poder usarla sin consumir datos. ¿Cómo se descargan las zonas? Para hacerlo bastará con acceder al menú de la aplicación y ahí pulsar sobre “Zonas sin conexión”, seleccionando mediante gestos con los dedos las áreas a descargar.
Google permite descargar zonas hasta un máximo de 120.000 kilómetros cuadrados y, aunque la navegación esté operativa, el usuario no dispondrá de toda aquella información en tiempo real de tráfico, rutas o comercios
Conviene destacar que Google permite descargar zonas hasta un máximo de 120.000 kilómetros cuadrados y aunque la navegación está operativa, evidentemente, el usuario no dispondrá de toda aquella información en tiempo real que requiera de datos, como el tráfico, rutas alternativas, o incluso los comercios o locales de la zona. El gigante de Mountain View quiere asegurarse de que dichas zonas no se queden obsoletas en el móvil del usuario y para ello obliga a que sean actualizadas con una cadencia mensual (por defecto, esta actualización es automática y cuando el móvil esté conectado a una red wifi).
También se pueden planificar las visitas sin datos con Google Trips. Esta aplicación automatiza los viajes por nosotros, encontrando las tarjetas de embarque y proponiendo toda clase de planes en el lugar de destino
Google Maps puede evitar que nos perdamos en una ciudad que no conocemos y en la que no disponemos de datos móviles, pero ¿cómo organizar las visitas a lugares de interés sin conexión a internet? El hervidero de ideas del gran buscador también parece haber encontrado una buena solución con una poderosa herramienta que no todo el mundo conoce: Google Trips. Esta aplicación móvil automatiza los viajes por nosotros, no solo encontrando las tarjetas de embarque y reservas de vuelos en la cuenta de Gmail, sino proponiendo toda una serie de planes en el lugar de destino. Así, si uno tiene organizadas las vacaciones en Estocolmo, bastará con buscar esta ciudad en la aplicación y Trips se encargará de presentar en una clara interfaz todos los planes, locales y lugares de interés tomados en consideración por su popularidad y votos positivos de previos viajeros.
El usuario de Trips puede así organizar su propio viaje seleccionando de este listado los lugares que más le interesen, contando además con todo tipo de detalles de los mismos (horarios, cómo llegar, fotografías, opiniones…). Y al igual que sucede con Google Maps, en Trips la descarga para su uso off-line es todavía más sencilla: basta con pulsar sobre “Download” (todavía no está traducida al español) para disfrutar de toda la información sin necesidad de conectarse a Internet.
jueves, 6 de julio de 2017
CATALUÑA, LA LEYES SEGUN CONVENGAN
La norma autonómica para segregar ayuntamientos exige el apoyo de la mitad del censo, mientras que la ley del referéndum no exige un mínimo
La CUP dice que con superar "con creces" los 2,3 millones de electores sería suficiente
Los independentistas no han incluido un mínimo de participación para dar validez al referéndum que quieren convocar el 1 de octubre para separar a Cataluña del resto de España. Sin embargo, la Generalitat sí exige un quórum para que una localidad se segregue de otra: se necesita el respaldo del 50% de los habitantes sólo para iniciar el trámite, según la Ley municipal de Cataluña.
La ley del referéndum que Junts pel Sí y la CUP presentaron el martes, y que se aprobará no antes de finales de agosto para evitar impugnaciones, sólo dice en su artículo 4 que «si hay más votos afirmativos que negativos, implica la independencia de Cataluña», y que si no los hay se convocarán «inmediatamente unas elecciones autonómicas». No establecen ningún quórum.
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Según exige la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, en el caso de que los vecinos de una localidad quieran segregar una parte de su territorio para crear otro, necesitarán -sólo para iniciar el trámite- «una mayoría del 50%, como mínimo, del último censo electoral» de esa área.
En Cataluña se han producido en los últimos años dos segregaciones de este tipo, las que dieron lugar a las poblaciones de La Canonja (Tarragona, 2010) y Medinya (que se separó del municipio e Sant Julià de Ramis, Gerona, en 2015). Diputados que fueron partícipes de aquellos procesos recuerdan los «farragosos» trámites legales que tuvieron que superar para independizarse de las localidades a los que estaban adscritos.
Pero Junts pel Sí y la CUP han preferido dejar los porcentajes al margen de la ley del referéndum. La explicación oficial es que quieren ser escrupulosos con la guía de buenas prácticas de la Comisión de Venecia con respecto a la celebración de referendos. El órgano asesor del Consejo de Europa recomienda no estipular «un quórum de participación mínima, porque asemeja a los votantes que se abstienen a aquellos que votan en contra de la propuesta».
Sin embargo, como sucede también con las referencias al Derecho internacional del preámbulo de la ley, los independentistas omiten lo que no les conviene. En realidad, la Comisión de Venecia está lejos de avalar un referéndum como el que propone Carles Puigdemont, como el propio presidente de ese organismo, Gianni Buquicchio, recordó al jefe de la Generalitat en una carta.
«Sin duda sabe que no sólo el referéndum, sino también la cooperación con nuestra Comisión, debe llevarse a cabo de acuerdo con las autoridades españolas. Me gustaría subrayar que la Comisión de Venecia ha enfatizado la necesidad de que todo referéndum se lleve a cabo cumpliendo plenamente la Constitución y la legislación aplicable», respondió Buquicchio cuando Puigdemont le explicó que quería celebrar una votación de estas características.
Obviando la contundencia de este mensaje, los representantes de Junts pel Sí y la CUP siguieron apelando ayer al órgano del Consejo de Europa. Anna Gabriel dijo, en una entrevista en Catalunya Ràdio, que «una ley de referéndum no puede imponer mínimos de participación, porque activa el boicot». Y el diputado de Junts pel Sí Lluís Guinó invocó también a la Comisión de Venecia cuando subrayó que «desaconseja» establecer una participación mínima sin hacer referencia a su oposición específica a los planes de Puigdemont.
Sin embargo, los diputados independentistas sí dieron alguna pista del resultado mínimo que esperan. «Todos sabemos que hay una referencia: la participación debe superar con creces, segurísimo, el proceso participativo del 9-N de 2014», dijo Gabriel. Guinó añadió con la aquiescencia de la diputada antisistema que «algunos hablan de un mínimo de tres millones», que es el umbral que se marcan en privado los independentistas.
En el 9-N, sin censo previo y sin valor legal, participaron algo más de 2,3 millones de catalanes, de los que más del 80% se inclinaron por la opción independentista. Como no había censo -los ciudadanos se iban apuntando conforme llegaban a las mesas-, y como pudieron votar también los menores de 16 a 18 años y los extranjeros con residencia en Cataluña, es imposible precisar el porcentaje de participación. Se calcula que estuvo en torno al 37%.
En la misma entrevista, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, rechazó explicar de dónde piensa sacar la Generalitat el censo en esta ocasión. «El Govern dispone de los datos de toda la población, y necesita un marco legal que diga que se pueden usar. La ley del referéndum es ese marco», afirmó. Pero cuando le pidieron más detalles sobre cómo habían obtenido esos datos, dijo: «Eso no lo voy a contestar».
Gabriel, Guinó y Rovira sí fueron más específicos cuando afirmaron que la Ley de Transición Jurídica, que recogerá cómo se efectuaría el paso de la autonomía al Estado independiente en caso de que los soberanistas vencieran en el referéndum, se presentará a finales de julio.
Para explicar inicialmente el contenido de esa ley, que no se aprobaría hasta la eventual victoria del sí, Junts pel Sí piensa en el mismo formato del martes: un acto público no formal, para que no pueda ser impugnada por la Justicia.
El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, también jugó con las palabras para defender la legalidad del referéndum. En su afán por proteger la nueva ley, aseguró que «la supuesta legalidad del Estado español no es legal, porque no sigue el mandato del derecho internacional que se autoimpuso que debía cumplir». Se refería a que España firmó tratados internacionales que, según él, amparan el derecho de Cataluña a la autodeterminación.
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lunes, 5 de junio de 2017
FUNCIONARIOS CATALANES......¿ A QUIEN ATIENDO ?
El desafío independentista de Cataluña
Los funcionarios catalanes, en el punto de mira en una semana clave
Puigdemont anunciará previsiblemente esta semana la fecha del hipotético referéndum independentista
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Miquel Noguer
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Barcelona 5 JUN 2017 - 08:53 CEST
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el pasado viernes durante una visita a un festival de música en Barcelona. ALEJANDRO GARCIA (EFE)
El plan independentista catalán entra esta semana en un momento decisivo tras cinco años de enfrentamiento entre el Gobierno y la Generalitat. El presidente catalán, Carles Puigdemont, anunciará previsiblemente la fecha y la pregunta de un referéndum de secesión que sería ilegal y que el Gobierno insiste en que no se celebrará. Más allá de los riesgos políticos, los funcionarios públicos catalanes están en el punto de mira de unos y otros: para conseguir su indispensable colaboración en un caso y para que ayuden a frenar los planes de Puigdemont en el otro.
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La Generalitat tiene a punto un milimetrado programa de actos para anunciar la fecha y la pregunta del referéndum y dar brillo a sus protagonistas, comenzando por Puigdemont y el vicepresidente Oriol Junqueras. La comunicación formal será previsiblemente a finales de esta semana, entre jueves y viernes. Esto no implica, sin embargo, que el anunciado choque de trenes sea tan inminente. Lo que hará el Govern será anunciar el día en el que pretende celebrar la consulta —nada es seguro pero el 1 de octubre está marcado en todos los calendarios de la Generalitat— y la pregunta de la papeleta. Pero ni una cosa ni la otra quedarán formalizadas por ahora en ningún acuerdo ni documento oficial, dificultando así una impugnación por parte del Gobierno de Mariano Rajoy.
Fijar la fecha y la pregunta
La primera cita relevante de esta semana será la reunión, mañana, del Pacto Nacional por el Referéndum, una agrupación de partidos políticos y entidades privadas favorables a la autodeterminación de Cataluña. A esa convocatoria sí acudirá Catalunya en Comú, el nuevo partido impulsado por Ada Colau, que se negó a asistir a la reunión organizada el pasado 29 de mayo en el Palau de la Generalitat por el presidente Carles Puigdemont.
El jueves o el viernes, previsiblemente, Puigdemont anunciará de forma solemne la fecha del referéndum de secesión y la pregunta que pretende plantear a los catalanes.
La pregunta ha estado muy condicionada por la pluralidad en las filas independentistas. El PDeCAT presiona para que se pregunte por el concepto “Estado independiente”, mientras que ERC y la CUP prefieren la idea de la “República catalana”. En el borrador de la Ley de Transitoriedad Jurídica publicado por EL PAÍS en mayo figuraba la siguiente: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente de España?”.
Tanto o más importante que la fecha y la pregunta es la reunión que mañana celebrará el plenario del llamado Pacto Nacional por el Referéndum. La reunión de este grupo de presión formado por decenas de entidades y partidos favorables al “derecho a decidir”, aunque no necesariamente defensores de la independencia, permitirá ver hasta qué punto Puigdemont tiene apoyos para convocar un referéndum unilateral, sin acuerdo con el resto del Estado. Los factores a tener en cuenta son básicamente tres.
En primer lugar, se podrá medir si el independentismo cuenta o no con el respaldo de todo el espectro de Catalunya en Comú, el nuevo partido de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que se resiste a decir claramente qué hará si el referéndum —que defiende sin matices— se celebra sin autorización del Gobierno. El apoyo de este sector, y el de Podemos, se antoja básico para el independentismo si quieren que en una eventual votación acudan a las urnas no solo los más convencidos del sí a la independencia sino también sectores contrarios a ella. “Repetir un resultado del 90% a favor de la independencia no haría muy creíble la votación”, ejemplifican fuentes próximas a Puigdemont, recordando la consulta que ya se celebró el 9-N de 2014.
Cumplir la ley
La segunda clave se centra en el papel de los funcionarios de la Generalitat. Son casi 200.000 y se espera que miles de ellos desempeñen algún tipo de papel en la organización o en el desarrollo del referéndum. Tranquilizar a este colectivo, dejarle claro que no se pondrá su situación laboral en riesgo, ha sido una de las obsesiones del independentismo estos años, pero el Gobierno de Rajoy ha recordado que nadie quedará exento de cumplir las leyes. Y facilitar el referéndum no es legal.
La misma presión se está situando sobre los cargos públicos. La inquietud en las filas independentistas no deja de crecer con actuaciones como la última de la fiscalía, que ha pedido al Tribunal de Cuentas que reclame a los impulsores de la consulta de 2014 —Artur Mas y tres de sus consejeros, ya inhabilitados todos penalmente— el reintegro de los 5,14 millones que costó la votación.
El tercer factor a seguir será el nivel de implicación de los grandes Ayuntamientos. El papel de los alcaldes puede ser clave a la hora de abrir colegios electorales y facilitar la votación. Todos los ojos están puestos en Ada Colau, cuya posición institucional dependerá en buena medida de la que decida su partido. Hasta ahora Puigdemont ha intentado proyectar la idea de que fecha, pregunta y metodología del referéndum estaban abiertos a ser pactados con el espacio político que representa Colau. Sin embargo, fuentes de los partidos independentistas admiten que todo está mucho más cerrado de lo que se ha dicho y que la reunión con los llamados comunes no dejaría de ser una escenificación. Lo mismo piensa el Gobierno central, convencido de que todo está decidido y solo pendiente de publicitarse cuando convenga más a sus protagonistas.
domingo, 30 de abril de 2017
MAFIA!!!!
REPÚBLICA / P. G. | 28/04/2017
'La Sexta' ha sacado a la luz una nueva grabación de una conversación entre el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y el presidente del Atlético, Enrique Cerezo, que desmonta totalmente la versión que se había dado sobre este SMS que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, envió a González para agradecer su felicitación por su nombramiento para el cargo: “Gracias Nacho. Un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos”.
Los términos del mensaje dejan en evidencia una cercanía entre el ministro y el imputado solo comparable a la que rezumaba el “Luis, sé fuerte” que Mariano Rajoy envió a Luis Bárcenas cuando ya estaba acorralado por la investigación sobre la trama Gürtel. A pesar de todo, Catalá ha tratado de explicar que su deseo de que se cerraran “los líos” se refería a la convulsa situación política que vivió España durante el año 2016 (el mensaje de móvil se envió el 3 de noviembre de 2016, un día antes de que Catalá tomara posesión de la cartera de Justicia una vez superado el periodo de interinidad del Ejecutivo durante todo es año).
Sin embargo, en la conversación que se ha conocido ahora González, que mantiene desde hace tiempo una buena amistad con Cerezo, le dice que ha recibido de Catalá un “mensaje encantador”, en alusión al SMS de “los líos”. Y el presidente del Atlético de Madrid añade: “Me encontré el otro día con Rafa. Me dijo lo mismo, que lo estaban mirando”.
La conversación deja claro que ambos se están refiriendo a la preocupación de González por su horizonte judicial, una preocupación que arrastra desde hace años por su famoso ático / dúplex de Estepona. En ese contexto se inscribe otra charla con el empresario en la que arremete con crudeza contra la jueza que investiga ese caso: “Sí, pero es que el abogado de aquí me dice que esta es una hija de puta que va a abrir juicio oral; ¿pero cómo va a abrir juicio oral? ¿pero por qué? ¿de qué?”. A lo que Cerezo replica: “No creo que sea tan gilipollas, ni tan imbécil que abra un juicio oral, si no tiene ninguna prueba… ¿de quién es el piso? Ya lo sabe usted… investigue en Argentina, investigue en China, investigue en Rusia, la van a mandar tomar por el culo, por lista…”.
González, entonces, menciona una ayuda de la Fiscalía, controlada por el PP: “Joder, ¿y el fiscal? ¿No se puede hablar con el fiscal?”. Por su parte, Cerezo le dice: “Vamos a esperar a septiembre…y, si no, habrá que ir a hablar con el fiscal y decirle, mire usted, que ya sabemos que aquí todo el mundo quiere de todo pero ya saben ustedes más de lo que tenían que saber, y estamos teniendo más paciencia de la que teníamos que tener, porque si quieren guerra, vamos a tener guerra”.
Por cierto que sobre la acusación popular, que el Gobierno se ha propuesto suprimir, hay otro pasaje memorable. Se produce cuando Cerezo comenta: “Le dije (a Catalá), ¡no tenéis cojones de quitar y tal, lo van a quitar!” Y González se limita a responder: “Ya”.
La convicción de que puede influir tanto en el ministro Catalá como en la Fiscalía se pone de manifiesto en otra grabación en la que se escucha a González hablando con el exministro Eduardo Zaplana, otro gran amigo suyo. El expresidente de Madrid se lamenta de que nadie le quite de encima a un juez muy molesto que le busca las cosquillas por el caso de su ático en Estepona. A lo que Zaplana responde: “Yo no me corto de decirle a Rafa (Catalá): ¿Sabes Rafa?, el aparato del Estado y los medios de comunicación van aparte. O los tienes controlados o estás muerto”.
Y es precisamente con Zaplana con quien González habla en otro momento del juez que le tiene arrinconado y que ahora le ha mandado a prisión, Eloy Velasco. “Vamos a ver Eduardo, tenemos el Gobierno, el ministerio de Justicia no sé qué y tal, y escucha, tenemos a un juez que está provisional…tú lo asciendes…yo le digo, a ver, venga usted, ¿cuál es la plaza que le toca? Onteniente, a tomar por el culo a Onteniente y aquí que venga el titular, que ya me apañaré con el titular, coño”.
Las gestiones para colocar a un fiscal “bueno”
Las transcripciones de nuevas escuchas realizadas por la Guardia Civil que este viernes ha revelado La Sexta incluyen otra conversación de González con el que fue vocal del Poder Judicial a propuesta del PP entre 1996 y 2001 Enrique Arnaldo Alcubilla, hoy presidente del Tribunal De Arbitraje del Deporte. En ella, también se desvelan las gestiones para intentar apartar a jueces y fiscales incómodos para el Partido Popular.
En una de esas charlas, el 3 de noviembre de 2016, el mismo día en que se supo que Catalá repetiría al frente de la cartera de Justicia, Arnaldo Alcubilla asegura a González que está realizando ya gestiones para situar al frente de la Fiscalía General del Estado a “uno bueno” que sustituya a Consuelo Madrigal. En esa charla, el exvocal del CGPJ cercano al Partido Popular expresa también su felicidad por la continuidad de Rafael Catalá porque, según su tesis, ya “se conoce el tema” y no tiene que empezar desde el principio.
sábado, 29 de abril de 2017
CORUPCION... MAS DE LO MISMO. POLITOCOS Y EMPRESAS
Un parque eólico en Valladolid. (EFE)
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Beatriz Parera
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29.04.2017 – 05:00 H.
Semanas después de que el popular Juan Vicente Herrera anunciara que no repetirá como presidente en Castilla y León, la Fiscalía Anticorrupción ha irrumpido en esa comunidad. Ha presentado una querella por la llamada trama eólica contra altos cargos de la comunidad a los que acusa de cobrar comisiones millonarias durante años por la instalación de parques eólicos. La querella, a la que ha tenido acceso El Confidencial, gira en torno a Rafael Delgado (viceconsejero de Economía y secretario general de la consejería entre 2003 y 2011 y hombre fuerte del poderoso Tomás Villanueva durante 16 años en tres departamentos). Además, se dirige contra otros antiguos altos cargos como Alberto Esgueva y directivos de las empresas que construyeron los parques, como cuatro directivos de Iberdrola, los tres hermanos dueños de la constructora Collosa, una de las mayores de la comunidad, y Carlos Galdón, entre otros. En total, hay 21 personas acusadas de prevaricación, blanqueo, delito fiscal y tráfico de influencias. Las comisiones destapadas rondan los 80 millones de euros.
Cuentan en el sector eléctrico que los promotores eólicos se referían a Castilla y León como "Sicilia y León". Quien no pasaba por caja no podía promover parques eólicos. Y eso que era de las más deseadas por los empresarios: tiene viento, mucha extensión y poca población. Las condiciones ideales para instalar parques eólicos. El sistema, engrasado con comisiones, dio frutos. Con 5.593 megavatios instalados, Castilla y León tiene el 24,3% de la potencia eólica de toda España.
Rafael Delgado, Tomás Villanueva y Alberto Esgueva. (EFE)
La querella que Anticorrupción ha presentado en Valladolid con el aval del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, llega dos años después de que la Agencia Tributaria denunciara un sistema de comisiones que cifraba en 100 millones de euros en esa comunidad, como adelantó El País entonces. Según Anticorrupción, Rafael Delgado "exigía" a los promotores que desarrollaban parques eólicos "ceder o permitir la participación de empresas locales en el proyecto bajo amenaza de no obtener la necesaria autorización, participación que exigía que fuera próxima al 40%".
Los favorecidos con ese 40% eran "empresas pertenecientes a personas con las que [Delgado] tenía una especial relación". Entre estos están Alberto Esgueva, un antiguo alto cargo de la consejería de Economía que junto a su hermano creó Industrias San Cayetano y que ahora construye edificios en Varsovia; Germán José Martín Giraldo, socio de Esgueva en Polonia; y los hermanos Llorente Muñoz, dueños de una de las mayores constructoras de la comunidad, el Grupo Collosa. Collosa fue la empresa que tuvo a sueldo primero a Federico Trillo y luego a Vicente Martínez-Pujalte, un caso judicializado en Valadolid porque la entonces fiscal general, Consuelo Madrigal, decidió que no lo investigara Anticorrupción.
Anticorrupción calcula que una empresa de Alberto Esgueva, un exalto cargo de la región, ganó 47 millones con el sistema de cesión establecido
"Ninguno de los empresarios amigos de Rafael Delgado, con la posible excepción de los hermanos Llorente Muñoz, estaba interesado en participar activamente en el negocio eólico, como lo acredita el hecho de que su permanencia en entidades promotoras fuera temporalmente muy corta (poco más de un año) e impropia de una inversión industrial y, de otra parte, que esa permanencia no supusiera ninguna aportación empresarial en las mismas", sostiene el escrito presentado por el fiscal Tomás Herranz, que ha investigado el caso en secreto durante dos años.
Para conseguir controlar la aprobación de todos los parques eólicos, en 2004 Delgado ordenó publicar una instrucción para que las autorizaciones administrativas ya no fuesen competencia de las delegaciones provinciales de la Junta sino que dependiesen de él. "La ilegalidad de esta instrucción queda resaltada en el informe de la Intervención General del Estado de 16 de enero de 2017, emitido a petición de esta fiscalía". De las 209 autorizaciones de parques eólicos en Castilla y León entre 2005 y 2015, 197 fueron resueltas por esa "avocación" a los viceconsejeros. El 71% las resolvió Rafael Delgado y el 23% su sustituta, Begoña Pérez. Esa instrucción "permitió al viceconsejero manipular la tramitación de los expedientes de parques eólicos al controlar el momento en el que se debían tramitar los expedientes para otorgar las autorizaciones, con independencia de que los mismos cumpliesen o no los requisitos para obtener la autorización administrativa".
La querella de la fiscalía no alcanza a Tomás Villanueva, todopoderoso hombre de los gobiernos de Juan Vicente Herrera -ocupó consejerías entre 1995 y 2005 y llegó a ser vicepresidente-. "En este momento se desconoce si cada autorización avocada por el viceconsejero ha sido puesta en conocimiento del Consejero de Industria, Comercio y Turismo, como sería lo procedente", señala el fiscal. Villanueva tuvo a Delgado como alto cargo suyo en todas las consejerías por las que pasó, pero la fiscalía señala que presenta la querella "sin que en este momento conste que otros miembros de la Junta conocieran dichas circunstancias". Sí pide que se cite como testigo el director general de Energía de la comunidad, Ricardo González Mantero.
Anticorrupción enumera cinco ejemplos de parques eólicos en los que la actuación de Delgado fue ilegal. Son promociones eólicas en las que los dueños acabaron cediendo megavatios a empresas locales porque si no lo hacían no conseguían las autorizaciones. Tras pasar por un intermediario, muchos de los parques los acababa contruyendo Iberdrola, una de las más activas en la comunidad. Uno de los parques eólicos fue promovido por Ider SL en León. "Estos parques podían y debían haber sido autorizados en 2004" porque cumplían todos los requisitos pero Delgado los frenó "con la pretensión de que fueran vendidos o traspasados a Biovent [propiedad de Iberdrola] y asignar una participación de los mismos a algún empresario local".
Los exaltos cargos obtuvieron "un beneficio desproporcionado carente de justificación económica y ajena a toda lógica empresarial"
Otro de los casos es el de Ibervento, que quería levantar dos parques eólicos en Burgos. "Rafael Delgado decidió no firmar la resolución de avocación por cuanto tenía previsto asignar participación de esos parques a personas distintas de su promotor. [...] Finalmente, el promotor, desesperanzado de conseguir la autorización a la que tenía derecho" vendió la sociedad a Endesa e Inverduero, esta última filial de Collosa, una de las grandes constructoras de la región.
Las fechas de tramitación de los expdientes demuestran que parques eólicos que llevaban años paralizados recibían el visto bueno en cuestión de días en cuanto los empresarios cedían una participación a empresarios locales. La fiscalía cita grandes empresas de la región que entraban en los parques y firmas participadas por exaltos cargos de Economía que cobraban directamente. Un ejemplo: el parque eólico de la Bureba, en Burgos, tenía pedida la solicitud desde el 19 de abril de 2002 pero no salía adelante. El 18 de mayo de 2006 cambió la titularidad a una empresa en la que participaba Alberto Esgueva y solo siete días después recibía el visto bueno de Rafael Delgado.
Uno de los grandes beneficiados del esquema orquestado por Delgado fue la empresa San Cayetano Wind, que era propiedad de Alberto Esgueva Gutiérrez. Este había sido consejero delegado de ADE Internacional Excal, una empresa pública dependiente de la Consejería de Economía y encargada de la internacionalización de las empresas. Delgado "decidió que a San Cayetano se le asignaran parques cuya potencia eólica sumaran 500 megavatios", el equivalente a la potencia instalada de la nuclear de Garoña. Como se llevaba el 40%, la fiscalía cifra sus megavatios en 200, a un beneficio medio de 230.000 euros, lo que arroja unas ganancias de 47,1 millones de euros.
Participación de Iberdrola
Tras detallar cómo se agilizaban o frenaban los trámites a voluntad de Delgado, el fiscal Herranz explica en su querella los pagos en comisiones para conseguirlo. El 1 de diciembre de 2004, Ibercyl (filial de Iberdrola en Castilla y León) firmó un acuerdo con San Cayetano para promover, construir y explotar parques eólicos. Por Iberdrola firmaron Ricardo Bravo Sayas, que era el delegado en la comunidad y consejero de Ibedrola Renovables, y Rafael Icaza de la Sota, director adjunto de auditoría interna de la compañía. Ambos están entre los querellados por Anticorrupción.
Iberdrola se quedaba con el 60% de los parques y San Cayetano -es decir, el exalto cargo Esgueva- con el 40%. El acuerdo establece que "es únicamente Biovent [la empresa de Iberdrola] quien selecciona los proyectos" y que la aportación de San Cayetano consiste en "la obtención de permisos, licencias y autorizaciones". La empresa de Esgueva empezaba a cobrar antes incluso de empezar a construir los parques. "Ello supuso que, sin aportar capital propio alguno distinto de la suscripción inicial de las participaciones de la sociedad (24.400 euros), desde el momento de la firma del acuerdo San Cayetano obtuviera un beneficio completamente desproporcionado a su teórica colaboración", algo que Anticorrupción considera "carente de justificación económica y ajena a toda lógica empresarial, máxime si se considera que una entidad como Iberdrola, propietaria al 85% de Biovent, no necesitaba en absoluto de este auxilio".
Ignacio Sánchez Galán con Juan Vicente Herrera.
Los hermanos Esgueva e Iberdrola compartían las empresa Energía Global Castellana, la firma que recibía la titularidad de los parques que se iban aprobando. Cuando ya tenían las autorizaciones, el 15 de febrero de 2007, los Esgueva vendieron su parte de la sociedad a Iberdrola, con un precio medio de 230.000 euros por megavatio: 47,1 millones en total. Solo habían aportado 24.400 euros al capital. "Los acuerdos y contratos firmados por Biovent e Ibercyl [las filiales de Iberdrola] necesariamente necesitaron la aprobación de Comité Operativo de Ibedrola; al menos el director de la dirección de negocio de Energías Renovables de Iberdrola, miembro de ese comité operativo, tuvo que conocer y aprobar las circunstancias concurrentes de aquellos. Dicho cargo fue ocupado por Pedro Barriuso Otaola hasta 2007 y después por Xabier Viteri Solaum", según el fiscal. La querella va también contra ellos. Viteri es consejero delegado de Iberdrola Renovables y Barriuso dejó la compañía hace una década. En total hay cuatro cargos de Iberdrola querellados.
Acusados cuatro directivos de Iberdrola: "Los contratos firmados necesariamente necesitaron la aprobación de Comité Operativo de Ibedrola"
San Cayetano no solo recibía dinero de Ibedrola. También Preneal, una empresa presidida por Eduardo Merigó, expresidente de Visa España y secretario de Estado con la UCD, contra el que también va la querella. El 8 de marzo de 2004, una sociedad de Preneal concedió a San Cayetano "una opción de compra gratuita" sobre dos parques eólicos en Soria. Año y medio después, en diciembre de 2005, las partes cancelaron ese contrato pero a cambio de que la empresa de Alberto Esgueva cobrara seis millones de euros. Estos parques eólicos tenían un futuro administrativo negro, pues no aparecían en los listados internos de la Consejería sombreados en amarillo (los que tenían luz verde de Delgado). Sin embargo, en 2006, coincidiendo con el cobro del último pagaré, pasaron a ser coloreados en amarillo. Fueron aprobados en 2007.
Preneal también pagó siete millones a otra sociedad, Cronos Global, en la que los Esgueva tenían el 50%. Cronos es el nombre de la inmobiliaria en Varsovia desde la que ahora Esgueva construye edificios de lujo en Polonia. En otros casos, Preneal tuvo que ceder parte de sus proyectos a Inverduero, del Grupo Collosa. Collosa recibió importantes cantidades de obra pública en Castilla y León y, entre otros, construyó el imponente edificio de las cortes autonómicas en el que se celebra una comisión de investigación sobre el caso. Otra de las empresas que entró en el sistema de Delgado es Avanzalia Solar, de Carlos Galdón Cabrera, exconsejero delegado de la multinacional farmacéutica Glaxo en España, que pagó 4,35 millones.
Merigó, expresidente de Visa España y secretario de Estado con la UCD, y el exjefe de Glaxo en España, Carlos Galdón, también están acusados
En total, las comisiones que enumera la querella suman 80 millones de euros. En su denuncia original hace dos años, Hacienda hablaba de 110 millones, pero la fiscalía ha eliminado un par de operaciones, una con Eolia y otra con Endesa, al no ver delito ahí. Anticorrupción manda el caso a Valladolid porque considera que allí se cometieron los delitos de prevaricación, blanqueo, cohecho y delito fiscal. Al circunscribirlo a esa comunidad autónoma no entra en juego la Audiencia Nacional. Un juzgado de Valladolid ya investiga el caso Perla Negra, en el que aparecen algunos de estos nombres -como Esgueva y Delgado- por la compra de un edificio por parte de la consejería a las afueras de la capital.
La repercusión de la trama eólica ha sido fundamental en la política de Castilla y León. Cuando estalló, hace dos años, originó un terremoto político y terminó por apartar de la política a Tomás Villanueva. "Si lo llego a saber no pongo un molino", dijo entonces. Desde 2015, el caso estaba medio en 'stand by'. Todo el mundo esperaba la querella de Anticorrupción pero nadie sabía hasta dónde alcanzaría. Aun así, Herrera seguía jactándose de que Castilla y León no aparecía en el mapa de la corrupción. Las informaciones que salían sobre el caso de la Perla Negra aumentaban la intranquilidad del PP. Y las peticiones de información de la fiscalía y los informes que recientemente mandaron los servicios jurídicos de la comunidad a Anticorrupción les permitían intuir que no estaba archivado. Sabían que estaban sentados sobre una caja de bombas y que el reloj seguía corriendo. Ya ha estallado.
viernes, 21 de abril de 2017
ESPERANZA AGUIRRE, DIME DE LO QUE PRESUMES Y TE DIRE DE LO QUE CARECES
Esperanza Aguirre se ha sentado este jueves por primera vez ante un tribunal para responder sobre la corrupción que inundó su administración. Como testigo en el juicio de Gürtel, la expresidenta madrileña ha negado que Alberto López Viejo fuese un hombre de su confianza, y se ha desvinculado de la logística de sus actos institucionales, que corrió a cargo de las empresas de Francisco Correa. Eso sí, ha reconocido que su Gobierno pagó sobrecostes por esos actos.
Ha reconocido que pudieron haberse inflado los contratos, pero ha negado cualquier participación en ese proceso. Ha defendido que no tenía competencias en la contratación de las empresas y ha añadido: "Los actos a los que asistía yo, se celebraron todos. Hubo otros. ¿Que se cobró en exceso y que ese es el problema que se ve en este tribunal? No digo yo que no, pero los actos se celebraron".
"No tenía ninguna competencia en contratación". Con esta frase ha resumido Aguirre su papel en la organización de los actos. Se limitaba a decidir a qué eventos acudía, qué palabras iba a pronunciar o qué personas quería que le acompañasen en el evento. Durante nueve años no supo nada sobre las empresas que organizaban esos actos.
La fiscal Concepción Nicolás ha comenzado su interrogatorio preguntando por su relación con López Viejo, el hombre de la Gürtel en el gobierno regional. "No era una persona de mi confianza", ha dicho Aguirre, que le ascendió hasta la Consejería de Presidencia. Antes de ficharle, solo le conocía porque organizaba actos para el PP a nivel nacional, ha explicado.
Aguirre ha tenido que responder también por el incremento de actos propagandísticos a su llegada a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Varios imputados y testigos han señalado que disparó el número de eventos, hasta tres al día, lo que permitió a la trama aumentar su facturación.
Sin embargo, ella ha negado este extremo. Ha asegurado además que eran las consejerías quienes le proponían los actos, y decidía a cuáles acudía por razones "políticas y de oportunidad". Además, ha presumido de gestión para justificar su elevada actividad propagandística: "Inauguramos un colegio nuevo cada semana de esos nueve años que estuve de presidenta, hicimos 12 hospitales nuevos, 80 centros de salud".
Aguirre se ha detenido tanto en este capítulo que el juez que preside el tribunal ha tenido que cortarla. "No podemos seguir así, su función política va por un lado, y la logística por otro", ha afirmado Ángel Hurtado.
"No sabía de la existencia del señor Francisco Correa"
Durante su declaración, ha insistido en varias ocasiones en qué no se ocupaba "de la logística de los actos". Admite que se quejó en alguna ocasión del sonido o pidió más luz en los atriles, pero nada más. Nunca supo, ha dicho, qué empresas se encargaban del sonido, la iluminación o los suministros, ni se recuerda a las personas que se ocupaban de ello: "Yo solo recuerdo a las personas del teleprompter, porque esas siempre eran las mismas".
En esta misma línea, Aguirre ha insistido durante todo su interrogatorio en que nunca conoció al cabecilla de la trama Gürtel. "No sabía de la existencia del señor Francisco Correa, no sabía si tenía empresas". Asegura que nunca tuvo trató con él ni con ninguno de sus subordinados para la organización de los actos.
"Los actos de se celebran bien organizados, pero de precios yo no sabía nada", ha insistido. La expresidenta madrileña sí que ha exculpado a sus subordinados cuando estos se saltaban algunos trámites porque tenían poco tiempo para organizarlos: "Había actos imprevistos, el atentado del 11M era el mayor de todos ellos, pero también cuando un equipo sabía a primera, cuando ganaba un equipo madrileño, cuando Alberto Contador tenía una victoria impresionante, eso había que organizarlo con muy poco tiempo".
A pesar de que López Viejo no era de su confianza, le creyó cuando este negó que contratase con las empresas de la Gürtel. Aguirre le llamó por teléfono tras una información de la revista Interviú en la que se apuntaba que una serie de empresas estaban haciendo caja con las administraciones gobernadas por el PP.
"La revista no denunciaba ninguna ilegalidad", ha precisado, pero aún así le pidió explicaciones a su consejero. Este le dijo que había dejado de contratar con esas empresas: "Yo me quedé tranquila, pero me mintió, no me dijo que las nuevas empresas eran del mismo dueño". "En esa época no podía concebir las cosas que estamos tratando ahora", ha añadido, al tiempo que ha admitido que erró al contentarse con la versión de López Viejo.
"Yo destapé la trama Gürtel sin saberlo"
Aguirre ha tenido oportunidad de explicar el mérito que se atribuye de haber destapado la trama Gürtel. Lo dijo hace años, durante un pleno de la Asamblea, lo ha mantenido desde entonces y hasta lo ha escrito en su libro. "He escrito un libro con un capítulo entero dedicado a esto", ha recordado a preguntas de la acusación popular.
Asegura que se reunió con Álvaro Lapuerta a finales de 2004 para tratar la venta de parcelas en Majadahona. "Llamé al alcalde -Guillermo Ortega- y me encontré una enorme división entre los 15 concejales. Doce estaban en contra de que perdiese una enorme cantidad de dinero porque el precio fijo estaba lejos del precio de mercado", ha relatado.
Cuando trasladó esa situación a Ortega, este optó por dimitir. "La diferencia entre el precio de Ortega y el otro fue nada menos que de 60 millones de euros (...) Por eso dije que yo destapé la trama Gürtel sin saberlo. Si no se hubiese hecho, los dos concejales no se hubieran ido al grupo mixto, no hubieran formado un grupo político que no sacó ninguna representación, y estos señores que pusieron hasta 14 pleitos a Narciso de Foxá, y como resulta que el señor Correa se hartó de pagar abogados y procuradores, le grabaron las conversaciones, así comienza a destaparse el caso".
Lamenta entre lágrimas la detención de González
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha hecho una breve parada entre la maraña de prensa que se concentraba a la salida del tribunal de la Audiencia Nacional. Han sido menos de tres minutos y medio en los que ha advertido de que se siente conmocionada por el arresto de quien fue su mano derecha y sucesor, Ignacio González.
"Me siento conmocionada, si es culpable, por la detención de una persona en la que tanto he confiado. Y si es inocente también estoy conmocionada por el calvario que estará pasando". Al pronunciar estas palabras, se le ha quebrado la voz, ha derramado algunas lágrimas y se ha ido sin responder preguntas de los periodistas.
Pero en ese breve discurso, ha tenido tiempo de desmarcarse de la gestión de su sustituto en la presidencia de Madrid. Recordó que si los hechos que han precipitado la Operación Lezo tienen que ver con la compra por parte de una filial del Canal II de la empresa de ingeniería Emissao en Brasil, esa operación se realizó en 2013 cuando ella ya no tenía responsabilidades en la Comunidad. Y para distanciarse todavía más de esas prácticas remarcó que durante su gestión siempre fue contraria a que empresas como Metro o el Canal invirtiese en el extranjero.
La última frase, antes de abandonar la sede de la Audiencia Nacional, ya al borde del llanto, redundó en esa idea: "Jamás nadie me ha podido acusar a mí de haber hecho alguna cuestión incorrecta y por tanto para mí, sería lo de Ignacio González muy lamentable".
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lunes, 27 de marzo de 2017
BONO Y EL JAK-42
SI ESTO ES VERDAD ESTE SEÑOR TENIA QUE ESTAR ENTRE REJAS , PERO EN ESE CASO TAMBIEN TENDRIAN QUE ESTAR BLESA RATO URDANGARIN MATA Y GRIÑAN ETC.......
José Bono. /Foto: lacasapuerta.wordpress.com.
Enrique de Diego
Me ha producido una profunda náusea que te hayas intentado poner medallas de ético a costa de las víctimas del Yak-42. Federico Trillo es un impresentable, pero tú, José Bono, no le vas a zaga y en algunos aspectos, lo eres mucho más, empezando por lo de hipócrita, en el que le sacas una cabeza. ¿Qué hiciste tú por los familiares de las víctimas del Yak-42 a parte de marear la perdiz y tratar de sacar provecho político?
En una ocasión por llamarte corrupto, que es lo menos que se te puede llamar, me llevaste a los tribunales y eres tan rata, tan miserable, que en vez de gastarte unos euros de la inmensa fortuna que has amasado robando y arruinando a España y a los castellano-manchegos contratando a un abogado utilizaste a la abogacía del Estado, de forma que utilizaste mis impuestos para ir contra mí. Aquello quedó en agua de borrajas, por supuesto. A la jueza de Plaza de Castilla se le pusieron voluntarios tapones en los oídos cuando le dije, paellas, que tienes una cuenta corriente en una filial de Banco de Santander en Las Bahamas, que compartes con tu consuegro Raphael, de 160 millones de euros. Fortuna que obviamente has conseguido robando a manos llenas y cobrando comisiones de todo lo que se movía en Castilla-La Mancha, porque llegaste a la política con una mano delante y otra detrás, presumiendo de ello, y hasta el año 2.000 sólo tenías deudas con los bancos y de repente eres una de las mayores fortunas de España, como el ladrón irrestricto y avaricioso que eres.
Por de pronto, tu ingente patrimonio inmobiliario visible no ha salido de tu sueldo de presidente de Castilla-La Mancha, ni de presidente del Congreso, ni de ministro de Defensa. Ese patrimonio incluye un chalet en Olías del Rey (Toledo) de 400 m2, un amplio local en el centro de Albacete, tienda de la joyería Tous, un ático en la C/ Velázquez de Madrid, con vistas al Retiro, que compraste por 1,6 millones de euros, otro ático en el Madrid de los Austrias, en la C/ San Justo, 1, de 1 millón de euros, otro chalet en El Vergel de Bargas, dos áticos de lujo en Estepona, un piso en El Campello (Alicante) y la joya de la corona: Hípica Almenara, 170.000 m2, con 18.000 construidos, en los que no pusiste ni un euro, más una cuadra de caballos de competición, como Farceur du Houl, 200.000 euros, que te lo regaló Rafael Santamaría.
Tiene una perversa lógica que tu hija pequeña Sofía estudie en el Colegio Brillantmont de Lausane (Suiza), con un coste anual de 70.000 euros, que sólo se pueden permitir 150 familias del mundo. Y en ese nivel estás, al tiempo que el pazguato de los descamisados de pastaflora, Pablo Iglesias te va a dar el cabezazo a Olías del Rey y todo el sistema, toda esta casta inmunda y parasitaria rinde pleitesía a tu inmunidad e impunidad. Y todavía, mientras no va a haber dinero para pagar las pensiones, tienes la cara dura de cobrar como expresidente de Castilla-La Mancha.
Toda esa fortuna no ha salido de tus sueldos, sino del Pau de Illescas, el Pau de las Montanillas, en Carranque, la mencionada Ciudad del AVE en Valdeluz, el Pau del Quiñón en Seseña. Y también de las ITV castellano-manchegas, del saqueo inmisericorde de Caja Castilla-La Mancha y del aeropuerto de Ciudad Real, una ruina para el contribuyente, pero una sustanciosa gloria para todas las empresas que lo construyeron y para los empresarios que dieron lustre al Consejo de Administración y se llevaron en la faltriquera abultados sueldos y dietas.
Así que no ofendas la memoria de los soldados de España yendo de zascandil y de que te has quedado con documentación. Algún día tendrás que responder de tu fortuna, corrupto compulsivo.
lunes, 13 de marzo de 2017
SUSANA DIAZ. LA SOBERBIA CAMUFLADA
Susana Díaz: la soberbia determinación
© EFE Susana Diaz. / EFE
El anuncio de cuándo será el anuncio, contra lo que pueda parecer, ha debido de ser un momento de alivio para Susana Díaz. Los meses de cálculos, de medir tiempos, de divagaciones ensayadas, no iban con el carácter determinante y decidido de la presidenta de la Junta de Andalucía. Y aun así, se ha visto obligada -tal vez la apuesta por Pedro Sánchez de Anne Hidalgo tenga la culpa-, lo que sin duda le habrá provocado momentos de inquietud que tanto le soliviantan desde que le hicieron creer que la aclamación es la continuidad necesaria de la adulación.
Díaz estuvo siempre preparada para la glorificación y ésta ya no será, como no han sido ni discretas ni furtivas sus maniobras para intentar hacerse con el poder en el PSOE, dos condiciones que tanto tienen que ver con su carrera política. Es bien conocida la biografía personal y política de Susana Díaz, la mayor de cuatro hermanas, procedente de una familia humilde. Su padre era fontanero del Ayuntamiento de Sevilla. Su madre, ama de casa. Su identidad se sustenta a partir de referentes tradicionales de la Sevilla tópica: la cofradía (la Esperanza de Triana), el fútbol (el Real Betis) y las fiestas (El Rocío), todo normal en ese ambiente de barriada popular, más que obrera, de El Tardón, donde creció Díaz.
Sigue viviendo en una casa pequeña de su barrio, cercana a la de sus padres y a sus sobrinos, sus grandes pasiones junto a su hijo, la política y su marido, ahora en el paro tras un ERE en la empresa en la que trabajaba. Cualquiera que trate de tocarlos, corre serio peligro. Se afilió al PSOE en 1995 al iniciar la carrera de Derecho, que necesitó más de una década para terminar, y dos años después ya era secretaria de Organización de Juventudes Socialistas, el inicio de una trayectoria de eficaz miembro del aparato del partido.
Desde el principio, Susana Díaz entendió mucho mejor que sus compañeros de generación el funcionamiento del partido, una estructura clientelar y endogámica donde pensar es menos rentable que obedecer y mandar. Así fue hasta que José Antonio Griñán se fijó en ella y comenzó la reciente historia conocida.
Pero, ¿cuáles son el principal defecto y la mejor virtud de Susana Díaz? Quienes la conocen dicen que su personalidad es poliédrica pese a ser muy elemental y que su gran defecto son dos íntimamente unidos: la determinación y la soberbia camuflada. Su dedicación ha sido completa a su carrera personal y política moviéndose siempre por interés, nunca por convicción. Y de ello pueden hablar todos a los que primero se acercó desde la adulación y luego fue dejando atrás sin el menor escrúpulo. Esa determinación va acompañada de una soberbia disimulada que la convierte en implacable con sus adversarios, con sus enemigos y hasta con los indiferentes, como aquella ocasión en la que plantó a los Reyes en un acto en Granada al considerar que el protocolo no la situaba en el lugar que le correspondía. En política, además, no perdona, y ya hay un ejército de damnificados que lo corrobora.
Luego está su gran virtud, su cercanía. Infunde confianza natural e inmediata a quien se acerca. Un magnetismo epidérmico que sirve por igual para un alto directivo del Ibex que para la cajera del supermercado de su barrio. Griñán ya lo describió cuando la eligió: Susana Díaz no se parece al pueblo, es el pueblo. Algo esencial -dicen- para ganar elecciones.
lunes, 13 de febrero de 2017
OTRO IMPUTADO MAS , QUE NO VERA LA CARCEL . CASO BANKIA
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado este lunes al juez Fernando Andreu que cite a declarar como investigados, antigua figura de imputados, a los responsables del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que tenían bajo su competencia la supervisión de BFA-Bankia en el momento de su constitución y posterior salida a Bolsa. Entre los nuevos imputados en la causa figuran el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordoñez y el expresidente de la CNMV, Julio Segura. También deberá ser citado como investigado Fernando Restoy, número dos de la CNMV en el momento de la salida a Bolsa y subgobernador del Banco de España hasta el pasado 4 de enero.
MÁS INFORMACIÓN
DESCARGABLE Consulta el auto de imputación de Miguel Ángel Fernández Ordoñez
El Banco de España se dividió al dejar a las cajas de Bankia saltarse la norma contable
La supervisión del Banco de España alteró normas al estallar la crisis
Yo, Casaus
El Banco de España aprobó la salida a Bolsa de Bankia sin información “básica”
In English: Ex-Bank of Spain governor faces High Court probe over Bankia flotation fiasco
El auto —resolución razonada— revoca la decisión del pasado noviembre por el propio juez Andreu de no investigar a la cúpula del organismo regulador. Según la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, Fernández Ordóñez y Segura autorizaron la salida a Bolsa de BFA-Bankia “pese a las reiteradas advertencias del equipo de inspección del Banco de España de la inviabilidad del grupo”. También dieron luz verde a la operación pese a los avisos de que "la solución de la salida a bolsa suponía un grave perjuicio para accionistas, preferentistas y contribuyentes, estimado en unos 15.000 millones de euros".
La imputación de Fernández Ordóñez y Segura se produce después de que se incorporan a la causa cuatro correos internos del inspector del Banco de España José Antonio Casaus en los que los inspectores alertaban a sus superiores de la inviabilidad de la salida a Bolsa a través de un sistema de doble banco para reflotar Bankia. “El contenido completo de tales correos electrónicos no deja lugar a dudas sobre la expresa, previa y contundente información que la dirección del Banco de España tuvo, tempestivamente, acerca de la inviabilidad del grupo y la falacia de los resultados presentados” considera el tribunal presidido por Antonio Díaz Delgado. Además de a Fernández Ordóñez y Segura, la Sala ha acordado que se cite también como investigados a los responsables del Banco de España Pedro Comín, Mariano Herrera García-Cantauri, Pedro González, Jerónimo Martínez Tello y Javier Arístegui.
Indicios e informes múltiples
El tribunal cree que en el caso de los nuevos imputados existen "indicios múltiples, bastantes y concurrentes de criminalidad". Además de los correos, la Sección Tercera tiene en cuenta otros informes ya presentes en la causa en los que los inspectores del Banco de España ya dan cuenta de "graves y reiteradas irregularidades" en la gestión de la antigua Caja Madrid y en el que se denunciaban las "excesivamente generosas políticas retributivas y de prejubilaciones" en la entidad. Estos informes también alertaban de la inviabilidad de la integración de las cajas sobre las que se fundó Bankia. Además, se tiene en cuenta los informes de los peritos de auxilio judicial designados por el Banco de España, que en un informe al juez Andreu sostenían que el folleto de salida a Bolsa de Bankia era fraudulento.
El pasado 22 de noviembre el fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón se opuso a imputar en el caso Bankia a Fernández Ordóñez, Restoy, Segura y Comín. La Sala de los Penal, sin embargo, los admite ahora parcialmente el recurso de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) contra el auto del juez instructor Fernando Andreu que rechazó la práctica de una serie de diligencias solicitadas en el marco de la investigación por la salida a Bolsa de la entidad financiera.
El auto considera procedente la petición de los recurrentes de llamar a declarar a los responsables de ambas entidades, que tenían bajo su competencia la supervisión de BFA-Bankia en el momento de su constitución y salida a Bolsa y que, según aquellos, la autorizaron “pese a las reiteradas advertencias del equipo de inspección del Banco de España de la inviabilidad del grupo y de que la solución de salida a Bolsa no debía ser aprobada, pues suponía grave perjuicio para accionistas, preferentistas y contribuyentes (estimado en unos 15.000 millones de euros)”.
La Sala analiza la testifical y los correos electrónicos aportados en la causa por José Antonio Casaus y califica de “razonable” y “razonada” la pretensión de la CIC sobre la base de la existencia en este procedimiento de indicios “múltiples, bastantes y concurrentes de criminalidad respecto de los responsables del Banco de España y la CNMV en cuanto garantes e indicativos de la corresponsabilidad de ambos en los hechos investigados”.
Una interpretación más amplia
Los jueces consideran también que en la fase actual de la instrucción, tal y como sostienen los recurrentes, no es el momento procesal para circunscribir el ámbito del procedimiento a una determinada calificación jurídica de los hechos, como ha realizado el instructor, sino que no procede hasta finalizada la investigación.
La Sala rechaza la solicitud de que se oficie al Banco de España para que aporte todos los correos electrónicos remitidos y recibidos desde su dirección corporativa entre José Antonio Casaus y Pedro Comín, por tratarse de una diligencia “manifiestamente excesiva”.
lunes, 6 de febrero de 2017
SI NO ES LEGAL.... NO ES DEMOCRATICO. REFERENDUM CATALAN
Si no es legal, no es democrático
No se puede ser independentista y demócrata cabalmente y estar a la vez a favor de este proceso como lo han diseñado Mas y sus amigos. El independentismo decente, que existe, no puede ni debe avalar este golpe de mano
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Lluís Bassets
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6 FEB 2017 - 00:00 CET
EULOGIA MERLE
Como resultado de su gran familiaridad con las leyes, puede que el subconsciente le haya jugado una mala pasada al exjuez Vidal. Gracias a su explícita e inesperada declaración sobre la ilegalidad de la recogida clandestina de datos fiscales por parte del Gobierno catalán, la ciudadanía catalana ha podido percibir lo que está en juego en el largo envite en el que está comprometido el soberanismo nacionalista. A pesar de las apariencias, no es un problema de relación con el Estado, la independencia; ni es tampoco un problema de democracia, el derecho a decidir. Es un problema de libertades individuales y de derechos fundamentales, que afecta a los valores y principios que rigen en una sociedad democrática.
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La confusión acompaña siempre a las grandes batallas políticas y el proceso soberanista no iba a ser la excepción. De ahí que sea de agradecer la aportación de Santi Vidal al esclarecimiento de ideas y conceptos. Sus revelaciones arrojan una luz insólita, que nos hace descubrir un paisaje totalmente nuevo, en el que se invierte el sentido de las cosas e incluso de los colores ideológicos. No hay mayor falacia argumental en toda esta historia que la que se ha intentado en las últimas semanas para convencer a los comunes, asustados por la idea de que todo demócrata debe apoyar el derecho a decidir y más todavía si se trata de un ciudadano que se considere de izquierdas. Digámoslo bien claro; es exactamente al revés: no se puede ser independentista y demócrata cabalmente y estar a la vez a favor de este proceso independentista tal como lo han diseñado Artur Mas y sus amigos.
Nadie debiera discutir el principio de legitimidad de la aspiración independentista, indirectamente aceptada por el Tribunal Constitucional en su resolución que anula la declaración de soberanía. Muy distinto es que se acepte el camino elegido por el soberanismo convergente, que partió de la búsqueda de una mayoría social y política y ha terminado intentando conseguir la independencia mediante una mayoría parlamentaria inestable e incoherente como la que forman Junts pel Sí con la CUP, a partir de un falaz argumento como es la obligatoriedad de un referéndum de autodeterminación a plazo fijo e inmediato, que debe reconocer el Gobierno español bajo amenaza de su celebración fuera de la legalidad y sin autorización alguna.
Nadie puede confiar en un Gobierno que prepara estructuras de Estado de forma clandestina e ilegal
El independentismo apresurado ha conseguido olvidar que un referéndum debe contar con todas las garantías de imparcialidad de las autoridades que lo convocan y de la Administración que se ocupa de su celebración. Nadie puede creer en la neutralidad de un Gobierno que promete a la vez celebrar el referéndum y tener a punto las estructuras del Estado independiente para su proclamación inmediata en caso de un resultado favorable. Nadie puede confiar tampoco en un Gobierno que prepara dichas estructuras de forma clandestina e ilegal, recogiendo datos y seleccionando personal en vulneración de derechos fundamentales, así como de la vigente legislación sobre protección de datos. El hiperdemocrático derecho a decidir, la democracia en abstracto, es bien a las claras un mero instrumento táctico para obtener la independencia para quienes están comprometidos en una tarea tan poco transparente y tan escasamente democrática.
No es un problema de prurito legalista, tal como quieren pintarlo ciertos independentistas. Nadie debiera necesitar muchas explicaciones respecto al principio que une ley y democracia. No es un capricho. La ley es imprescindible para la organización de elecciones y consultas democráticas por una razón nada caprichosa. Porque solo la ley puede proteger a los más débiles, a las minorías frente a las mayorías. Convocar un referéndum sin una mayoría de dos tercios en el Parlamento, sin un mandato electoral basado en los votos como el que pedía Junts pel Sí, y con el agravante de la organización y financiación clandestina de las estructuras del Estado independiente, y la añadidura o bomba culminante final de la secretista ley de transitoriedad jurídica elaborada sin conocimiento del Parlamento, fuera de ponencia y del procedimiento, no es una ilegalidad tan solo, sino un acto profundamente antidemocrático y atentatorio de los derechos fundamentales de los catalanes. De todos, sin distinción.
La pretendida ruptura legal, de una vez e indolora, que ha explicado el jurista del procés, Carles Viver, es un cuento chino. Las ilegalidades ya han empezado y no solo en forma de incumplimiento genérico de las leyes, si no lo que es más grave, en forma de vulneración de derechos. El independentismo decente, que existe, y al que no hay que descalificar por razones de principio, no puede ni debe avalar este golpe de mano en el que se arriesga además el propio futuro del autogobierno catalán.
El hiperdemocrático derecho a decidir, la
democracia en abstracto, es un instrumento táctico
La tozuda persistencia de un independentismo que ya ha fracasado por tres veces en la obtención de una mayoría plebiscitaria —dos en unas elecciones y una en una consulta ilegal— tiene que ver con la evidencia de que la ventana de oportunidad se ha cerrado y la certeza de que esa independencia que habían prometido no se producirá. Ahora es el momento de reconocerlo y de tomar otro camino, el correcto y civilizado, el del catalanismo pactista y moderado, sin plazos, legal, tranquilo y pausado, en absoluto oportunista e insurreccional —leninista, en cierta forma— como el que Mas, Puigdemont y Junqueras han tomado para aprovechar el mal momento de la crisis financiera, de la desunión europea y del surgimiento del populismo y del trumpismo. Siempre hay una regla de juego con la que se acude a las urnas. Si no es la que establece la ley y que todos han aceptado, es la regla de juego que impone una parte sobre el todo, un partido sobre el conjunto de la sociedad, que en este caso además está dividida en dos mitades casi simétricas.
Quienes han osado esta aventura es evidente que son fundamentalmente independentistas —es decir, fundamentalistas del independentismo— y solo accidentalmente demócratas, puesto que parecen dispuestos a sacrificar lo que haga falta por la independencia, incluyendo la autonomía catalana y las libertades y la democracia de todos. No están dispuestos a sacrificar de momento vidas y haciendas, suyas y ajenas, y esto ya es un consuelo, vistas las experiencias de todos conocidas. Pero no andan lejos en su visión autoritaria y rupturista de lo que debe ser un proceso independentista, sacrificando los medios a los fines, vulnerando libertades y principios si lo reclama la gloria de la patria emancipada.
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