La crisis entre Venezuela y Colombia nos recuerda la brecha que puede existir entre lo que alguien pretende ser y lo que es. El chavismo siempre se ha vanagloriado de defender a los más pobres. Pero el gobierno de Nicolás Maduro ordenó hace poco la cruel deportación de más de 1.000 colombianos, incluyendo niños. A muchos de los deportados les robaron sus pertenencias durante los desalojos y a otros les demolieron sus hogares. Pululan reportes de refugiados expulsados, niños separados de sus padres y hasta abusos sexuales a mujeres.
No es la primera vez que la cúpula chavista traiciona los valores que dice defender. Ya antes ha demostrado que ante la amenaza de perder poder es capaz de casi cualquier cosa. Porque seamos claros sobre lo que está ocurriendo: Maduro decidió utilizar a Colombia como chivo expiatorio de la grave crisis de su país. Y, para tratar de legitimar con acciones esta farsa, ordenó un operativo que viola derechos elementales de personas sin recursos que no tienen cómo defenderse.
Por supuesto, el gobierno ya fraguó una narrativa para camuflar esta fea realidad. El detonador de la crisis fue supuestamente un altercado con contrabandistas colombianos que dejó a varios militares venezolanos heridos. Pero Maduro ha aclarado que la causa de fondo es la presencia de paramilitares y otros criminales colombianos en su país. Asegura que ellos son los responsables del auge del contrabando y el crimen, razón por la cual ordenó cerrar parte de la frontera y deportar indiscriminadamente a colombianos sin documentos.
Estas medidas no tienen sentido. No hay correlación alguna entre la inmigración colombiana y el crimen. En Venezuela, desde la caída de la dictadura en 1958 hasta 1989 la tasa de homicidios se mantuvo estable, nunca superando las 10 víctimas por cada 100.000 habitantes a pesar de la masiva inmigración colombiana durante ese período. Entre 1989 y el 1993 la tasa se duplicó, presumiblemente por la grave crisis institucional que siguió al Caracazo. Pero a partir de 1994 la tasa se estabilizó. No fue hasta 1998, cuando Hugo Chávez ascendió al poder, que la tasa se disparó, cuadruplicándose durante los siguientes tres lustros.
¿Por qué el crimen aumentó? Nunca es fácil establecer las causas de una ola de crimen. Pero una explicación persuasiva es el colapso institucional que acarreó la revolución bolivariana y la incompetencia de Maduro y su predecesor para lidiar con problemas como la falta de jueces y fiscales, los escasos recursos de las policías y la proliferación de armas. Hoy en Venezuela 90% de los homicidios no son castigados. Y de esto no se puede culpar a los colombianos ni a nadie que no sea el gobierno venezolano.
El boom del contrabando también es culpa del chavismo. Es verdad que muchos colombianos son pequeños contrabandistas o incluso miembros o líderes de las poderosas mafias fronterizas. Pero muchos venezolanos también lo son. Esta profesión no discrimina en base a nacionalidad porque las personas que la escogen simplemente responden a poderosos incentivos económicos.
Y en Venezuela los controles de precio y de cambio son poderosísimos incentivos. Una persona puede comprar un producto a precio regulado y revenderlo en Colombia a un precio mucho más alto. Por ejemplo, una gandola llena de gasolina cuesta menos de siete dólares en Venezuela y se vende por 25.000 en Cúcuta. Con los alimentos, los medicamentos, la ropa y otros productos con precios “solidarios” las ganancias del contrabando también son increíblemente altas.
Lo cual deja al gobierno venezolano con dos opciones: atacar la raíz del problema desmontando los controles que estimulan el contrabando o enzarzarse en el juego eterno de capturar a un contrabandista para que surjan otros. En teoría el Gobierno ha escogido la segunda opción. Y digo “en teoría” porque deportar indiscriminadamente a colombianos no es un método represivo racional. Entre los deportados hay personas que no se dedican al contrabando o que, si lo hacen, mueven volúmenes insignificantes. A los verdaderos capos, incluyendo los que trabajan en las instituciones venezolanas, no los afectan un ápice las deportaciones y pronto encontrarán maneras de burlar el cierre parcial de la frontera.
En el fondo, las medidas de Maduro parecen ser una simple maniobra electoral. Su popularidad está por el suelo, se aproximan unas elecciones legislativas y seguramente busca una distracción a la crisis y desviar culpas. Quizá sólo le interesa que sus acciones “parezcan” un ataque frontal contra el contrabando. Que en realidad no lo sean no parece importarle mucho, como tampoco parece importarle utilizar a colombianos pobres como desechables personajes de utilería en esta burda obra teatral. La decisión de la OEA de negarse a convocar una reunión para analizar las deportaciones es una de las más vergonzosas de su historia reciente.
Alejandro Tarre es periodista venezolano. Twitter: @alejandrotarre
