El presidente de la Generalitat Artur Mas ha cruzado la línea roja de la legalidad que impuso el Tribunal Constitucional al firmar el decreto con el que se crea la comisión de control de la consulta ilegal del 9 de noviembre, y donde se integran siete representantes de los partidos independentistas del parlamento catalán. Esta decisión constituye, sin lugar a dudas, un acto de desobediencia a la decisión de la Corte Constitucional en la que se suspende la mencionada consulta, tras admitir de acuerdo con la legalidad, los recursos del Gobierno del España. Decisión de suspensión por parte del TC que no es recurrible, por más que se empeñe el Gobierno catalán y su parlamento, como ellos lo saben muy bien.
¿Qué está buscando Artur Mas? Pues todo apunta a que el choque de trenes y, mientras tanto, evitar que su coalición independentista acabe rota y con duros enfrentamientos entre ellos a la vista de lo alto que ERC le ha puesto el listón a CiU, donde los de Unió están actuando de manera ambigua y temeraria como, por ejemplo, apoyando como lo han hecho los seguidores de Duran i Lleida la constitución de la mencionada comisión de control de una consulta que legalmente ya no existe porque está suspendida por el TC.
Lo que puede y deberá desencadenar no solo las pertinentes demandas de partidos políticos, sino la propia respuesta del Tribunal Constitucional y de la Fiscalía General del Estado. Y lo que podría desencadenar una escalada de decisiones del Ejecutivo deMariano Rajoy en línea con la ruptura institucional que parece estar buscando Mas. Y no solo para salvar su cara y compromiso con la consulta sino también para evitar que se le rompa en las manos la coalición secesionista.
Aunque todo apunta que esta subida de tono en el desafío a la legalidad puede acabar provocando primero una ruptura en el seno de CiU, ya bastante dañada por la crisis de los escándalos de los Pujol que inundan los tribunales -ayer el parlamento catalán dio luz verde a una comisión de investigación contra Jordi Pujol-, y posteriormente en el seno del grupo de partidos secesionistas donde ICV empieza a tomar distancias ante la escalada de la desobediencia legal y civil que propugnan desde ERC. De hecho, este pacto unánime de investigar a Jordi Pujol lo ha tenido que admitir CiU para no tener mas enfrentamientos con sus aliados secesionistas, pero por otra parte podría abrir la caja de los truenos y de las amenazas que lanzó Pujol contra todos en su declaración ante el parlamento catalán.
La impresión que se desprende de todo ello es que Mas, desarbolado, ha perdido el control, y avanza como un zombi traspasando la línea de la legalidad a la espera de que los demás también pierdan los nervios. Lo que por otra parte obliga al Gobierno de Rajoy, pendiente de la próxima reacción del TC, a medir con cautela sus pasos pero a sabiendas de que con paños calientes y medias tintas ya no se arregla nada y que ‘más vale ponerse una vez colorado que ciento amarillo’.
Atentos, pues, a la reacción del Tribunal Constitucional, de la Fiscalía del Estado y del Gobierno de Rajoy ante este último paso en el vacío legal que acaba de dar Mas, y a las consecuencias jurídicas y políticas que de ello se van a derivar. Y atentos también a ICV y a Unió ante este descontrol general de la situación catalana, así como habrá que estar atentos ante la posible venganza de un acorralado Pujol.
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